El exministro de Gobierno Arturo Murillo será deportado a Bolivia y deberá responder ante la Justicia por al menos ocho procesos abiertos en su contra. La Fiscalía Departamental de La Paz confirmó que dos de esos casos ya cuentan con sentencia ejecutoriada.
En octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción dictó ocho años de prisión contra Murillo por la compra irregular de gases lacrimógenos con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares. El caso fue denunciado poco después de la gestión de Jeanine Áñez y se convirtió en uno de los símbolos de corrupción de ese periodo.
Arturo Murillo
En enero de 2025 se sumó otra condena contra el exministro de Gobierno. La justicia lo sentenció a cinco años y cuatro meses de cárcel en el denominado caso Gases Ecuador. El proceso comprobó la importación irregular de gases y material antidisturbios desde ese país en 2019, también durante el gobierno transitorio.
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Aparte de estas dos sentencias, Murillo enfrenta otros seis procesos en curso. Dos de ellos se encuentran en juicio oral: uno por legitimación de ganancias ilícitas, relacionado con recursos cuyo origen no pudo ser justificado; y otro por uso indebido de influencias, que investiga un presunto favorecimiento a allegados en contrataciones estatales.
Otros dos procesos están en etapa preliminar: incumplimiento de deberes y robo agravado. En estos casos, la Fiscalía aún recolecta pruebas y testimonios para definir si se presentan imputaciones formales.
Procesos
Los dos procesos más sensibles se encuentran en fase preparatoria. Murillo está imputado en las investigaciones por las muertes en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), ocurridas en noviembre de 2019. Ambos episodios fueron calificados como masacres por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Recomendó avanzar hacia un juicio ordinario.
Deportación
Tras su llegada al país, Murillo será trasladado a La Paz —según dijo el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, en conferencia de prensa— para la aplicación inmediata de medidas cautelares en cada proceso. Su defensa aún no se pronunció sobre las causas pendientes.
El exministro, uno de los hombres más influyentes del gabinete de Áñez, ahora deberá enfrentar un amplio abanico de juicios por corrupción, incumplimiento de deberes y violaciones a derechos humanos.
