El representante de las víctimas de Senkata David Inca afirmó que una delegación llegará a Miami, Estados Unidos, para participar en el 194º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde expondrán su preocupación por los procesos judiciales anulados por los hechos de Sacaba y Senkata. Sin embargo, aseguran que no saben si el Gobierno asistirá a la audiencia convocada.
“En el cronograma de la Comisión Interamericana están las víctimas de Senkata y Sacaba. También está del Alto Comisionado y también está un representante del Estado no sabemos quién. Se supone que tendría que estar el señor Canciller (Fernando Aramayo). Seguramente si se han trasladado allá van a estar. O tal vez pedirán vía zoom no sé, pero está convocado el Estado”, afirmó en entrevista con La Razón Radio.
Explicó que la delegación está conformada por seis personas —tres de Sacaba y tres de Senkata—, cuya intervención se centrará en los juicios que no avanzaron pese a las recomendaciones del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado el 17 de agosto de 2021. La audiencia está convocada para el miércoles 19 a las 11.00 hora en Miami y 10.00 hora boliviana.
En la audiencia también se tratará el caso Golpe de Estado II. En dicho caso, la sentencia de 10 años que recaía contra la expresidenta Jeanine Áñez, fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El Tribunal consideró que Áñez debió ser juzgada en un juicio de responsabilidades.
Comunicación
Consultado sobre si hubo alguna comunicación con el nuevo Gobierno, Inca respondió que no. Indicó que enviaron notas formales al presidente, al vicepresidente y a los ministros de Presidencia, Justicia, Defensa, Gobierno y Trabajo. Se les invitó también a participar en los actos de memoria programados en El Alto el mismo 19 de noviembre.
Respecto al encuentro indicó que el Estado puede no asistir. Aunque esto obligaría a la CIDH a simplemente “tomar nota” y luego remitir conclusiones y cuestionarios al Gobierno para que responda por escrito.
El informe del GIEI estableció que la violencia en Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y luego en Senkata, El Alto, el 19 de ese mes, fueron “masacres”.
Entonces, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana estaban “blindadas” por el Decreto 4078, que los eximía de responsabilidades por el posible exceso en el uso de la fuerza en los conflictos poselectorales.
