La conformación de una comisión de 11 diputados para investigar presuntas irregularidades en la venta de combustible de baja calidad y el supuesto sobreprecio en la importación de petróleo por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) generó la reacción del vicepresidente Edmand Lara, quien puso en duda la imparcialidad de ese equipo legislativo.
En un video difundido por la Vicepresidencia, Lara observó la composición del grupo investigador, cuya mayoría se compone de legisladores del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de la alianza Unidad, fuerzas que, para Lara, defienden los intereses del Gobierno.
Comisión
“Han conformado una comisión con 11 integrantes, 11 diputados, de los cuales seis son parte del PDC y de Unidad Nacional y éstos responden al Presidente (Rodrigo Paz Pereira) porque son aliados”, advirtió.
La autoridad expresó preocupación por lo que considera una posible protección a funcionarios involucrados en presuntos manejos irregulares dentro de la administración pública. En ese marco, exhortó a los legisladores a cumplir con su mandato constitucional de fiscalización.
“Quiero exhortarlos a que cumplan su rol constitucional, que fiscalicen y hagan una investigación transparente. No protejan a los corruptos”, afirmó.
El vicepresidente insistió en que el informe final debe basarse estrictamente en los hechos y no en consideraciones políticas. “El informe que ustedes van a hacer luego de la investigación tiene que ser en base a la verdad. No protejan al presidente de Yacimientos, no protejan al ministro de Hidrocarburos, porque la patria los va a juzgar. El pueblo boliviano los va a juzgar en su debido momento”, enfatizó.
YPFB
En la parte final de su mensaje, Lara lanzó una advertencia política al señalar que las responsabilidades públicas no son permanentes y que las decisiones adoptadas en el ejercicio del poder tendrán consecuencias. “El poder no es para siempre y todos los que obran mal, mal acaban. No protejan a los corruptos, protejan al pueblo boliviano”, sostuvo.
YPFB se encuentra en el foco de las críticas debido a la comercialización de gasolina en mal estado que afectó a, según la propia petrolera estatal, más de 2.000 vehículos, especialmente en Beni y Santa Cruz.
La empresa estatal deslindó responsabilidades y culpó a la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS) por haber importado combustible de la mala calidad cuyos residuos permanecieron en los tanques de almacenaje y dañaron el carburante nuevo.
