A una década de la promulgación de la Ley 807 de Identidad de Género, organizaciones LGBTIQ+, colectivos de la diversidad y defensoras de derechos humanos alertan que, pese a los avances normativos alcanzados en Bolivia, continúan enfrentando violencia, discriminación, barreras institucionales y falta de garantías efectivas para el ejercicio pleno de sus derechos.
La Defensoría del Pueblo recordó que la Sentencia Constitucional Plurinacional 0076/2017 restringió los alcances de la Ley 807, generando limitaciones que vulneran los estándares internacionales.
Si bien durante la gestión 2025 el Servicio de Registro Cívico (Serecí) reportó que 91 personas trans concluyeron con éxito su trámite de cambio de nombre, imagen y dato de sexo, el acceso general a este derecho sigue siendo minoritario.
Según datos de la primera encuesta virtual para personas con diversa orientación sexual e identidad de género, solo el 39,7% de trans participantes logró concretar el trámite de cambio de identidad.
Se identificó que el principal obstáculo identificado es la falta de información, a lo que se suman trabas administrativas injustificadas, demoras excesivas. Asimismo, vulneración de la confidencialidad y prácticas discriminatorias en las entidades públicas encargadas de aplicar la ley.
HECHOS DE VIOLENCIA
La preocupación surge en un contexto marcado por recientes hechos de violencia contra personas de la población LGBTIQ+ en el país. Entre ellos, dos asesinatos de mujeres trans en Santa Cruz, Lorena y Darling Ruby. Además del caso de Miguel Ángel Coria, en Tarija. En estos casos se evidenció un patrón: en Bolivia, las personas LGBTIQ+, especialmente las trans, siguen enfrentando violencia, discriminación e impunidad, según un boletín institucional.
Las organizaciones denuncian también con preocupación los recientes intentos judiciales de flexibilizar las medidas cautelares en favor del principal imputado por la muerte de Coria.
Activistas remarcan que este caso no es un hecho aislado, sino parte de una cadena de violencia estructural e impunidad cruda. Según datos del Observatorio de Derechos LGBT, el 73% de las denuncias por vulneraciones de derechos hacia esta población corresponde a personas trans.
“No estamos hablando de hechos aislados. Estamos hablando de una realidad que se repite. Los recientes casos muestran también un problema estructural, los crímenes contra esta población no se investigan con enfoque de derechos. Tampoco se reconocen como crímenes de odio. Y, en el caso de las mujeres trans, ni siquiera pueden ser tipificados como transfeminicidios”, señalaron representantes de la población LGBTIQ+.
Asimismo, la desconfianza en los operadores de justicia sigue siendo la norma. Informes de la Defensoría evidencian que, aunque más de la mitad de la población LGBTIQ+ (53%) sufrió algún tipo de discriminación en el último año, el 96% de estos hechos no son denunciados. Esto se debe al temor a represalias y la revictimización institucional.
BUROCRACIA
A la crisis de violencia y las trabas burocráticas se suma un retroceso en las políticas de gestión pública local. Organizaciones de la sociedad civil repudiaron la reciente decisión del Gobierno Municipal de La Paz, de eliminar la Unidad de Diversidades Sexuales.
Esta instancia cumplía un rol estratégico en la atención ciudadana y la promoción de los derechos humanos en el municipio. Para las plataformas de activismos, la disolución de la unidad representa una vulneración política directa. Esa situación debilita las pocas herramientas locales destinadas a mitigar la discriminación en los espacios públicos y servicios básicos.
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Las organizaciones y la Defensoría del Pueblo coinciden en que no basta con recordar la promulgación de leyes si los mecanismos de implementación carecen de fiscalización y voluntad política. Las vidas perdidas y los derechos restringidos exigen de manera inmediata un debate público, la fiscalización de los procesos judiciales y la restitución de las garantías institucionales perdidas.
