En entrevista en Piedra, Papel y Tinta, el dirigente del Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, denunció este martes que el proceso de resarcimiento por los daños ocasionados por la gasolina de presunta mala calidad avanza con lentitud y que, pese a los acuerdos firmados con el Gobierno, menos del 10% de los transportistas afectados ha recibido una respuesta.
Según Tancara, se presentaron más de 1.500 carpetas con denuncias de vehículos dañados, pero la mayoría de los casos continúa sin solución. “No tenemos ni el 10% de avance. Por lo menos un 50% sería saludable, pero lamentablemente no existe”, afirmó.
El dirigente recordó que el convenio firmado con el Ministerio de Hidrocarburos establecía una valoración general, pero hasta la fecha no se ha convocado a la reunión comprometida.
“Estamos esperando la convocatoria para saber por qué está demorando tanto la indemnización”, señaló.
Tancara advirtió que el sector se mantiene en estado de emergencia y que, si no existen respuestas inmediatas, podrían retomar medidas de presión. “Si en su momento levantamos una medida de presión, no hemos levantado el estado de emergencia”, subrayó.
El dirigente también cuestionó la calidad del combustible, indicando que de poco servirá el resarcimiento si la gasolina continúa deteriorando los motores. Por ello, pidió que la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) participe como ente técnico neutral en la verificación de parámetros, ya que cuenta con mayor capacidad de análisis que las instancias oficiales.
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Asimismo, explicó que los daños económicos son significativos, debido a que las reparaciones varían entre Bs 2.500 en casos menores y hasta BS 45.000 en situaciones graves, como el cambio de motores. “El precio no es común, depende de la gravedad de cada movilidad”, detalló.
A ello se suma la escasez de repuestos y la saturación de talleres mecánicos, lo que prolonga las reparaciones por semanas o incluso meses. “Hay movilidades que se han perjudicado un mes, un mes y medio, hasta dos meses. Todos los talleres están llenos”, lamentó.
El dirigente señaló que el problema afecta principalmente a La Paz, donde el 80% de los vehículos funciona con gasolina debido a la topografía, aunque también existen denuncias en otros departamentos. “Estamos en constante comunicación con nuestros compañeros de otras federaciones y ellos también tienen el mismo problema”, aseguró.
Además, cuestionó la falta de transparencia sobre los recursos destinados al resarcimiento. “Se habla de millones invertidos, pero queremos saber dónde y cómo ha ido ese dinero. En La Paz no llegamos ni a 100.000 en el caso del resarcimiento”, aseveró.
