La Defensoría del Pueblo alertó sobre el deterioro de la situación social en el país y afirmó que ninguna demanda política, económica o sectorial puede estar por encima del derecho a la vida.
El pronunciamiento de conoce en medio de los bloqueos, enfrentamientos y problemas de abastecimiento que afectan a distintas regiones.
A través de un pronunciamiento institucional, la entidad manifestó su preocupación por las consecuencias que la conflictividad está generando en la población y recordó que los derechos fundamentales deben ser preservados por todos los actores involucrados en la crisis.
Defensoría del Pueblo
“Ninguna reivindicación política, social o económica puede situarse por encima del derecho a la vida, la integridad personal y la dignidad humana”, señala el documento difundido este viernes.
La Defensoría advirtió que la prolongación de los conflictos está afectando el acceso a alimentos, combustibles, medicamentos y servicios esenciales, con impactos particularmente graves sobre los sectores más vulnerables de la población.
La institución también expresó preocupación por el incremento de discursos de confrontación y mensajes discriminatorios que han comenzado a circular en distintos espacios públicos y redes sociales.
Según el pronunciamiento, estas expresiones profundizan la polarización y ponen en riesgo la convivencia democrática.
Conflicto
“Los llamados públicos al desbloqueo violento de carreteras u otro tipo de respuestas similares contra las personas movilizadas promueven discursos de odio y discriminación”, advirtió la entidad.
Asimismo, cuestionó las acciones violentas registradas durante las movilizaciones y recordó que el derecho a la protesta debe ejercerse dentro de los estándares de la manifestación pacífica.
“Marchas y movilizaciones que incluyen intentos de toma de instituciones, agresiones a periodistas y funcionarios policiales, así como el uso de explosivos, ponen en riesgo a la población”, sostiene el pronunciamiento.
Diálogo
La Defensoría reiteró que la salida a la crisis pasa por la construcción de espacios de entendimiento entre los distintos actores políticos y sociales. En ese sentido, exhortó a las autoridades, organizaciones y dirigentes a abandonar posiciones extremas y priorizar mecanismos de concertación.
“La democracia es el pilar de nuestra convivencia. Ningún interés político, económico o sectorial puede justificar la vulneración de derechos humanos ni el debilitamiento de las instituciones democráticas”, remarca el documento.
La institución concluyó su pronunciamiento convocando a preservar la paz social y a evitar acciones que puedan derivar en nuevas afectaciones a la población, en un contexto marcado por el aumento de la tensión política y social en el país.
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