La eventual promulgación de la Ley de Regularización de Estados de Excepción no significará que Bolivia ingrese automáticamente a ese régimen extraordinario. La norma aprobada por la Asamblea Legislativa establece el marco legal para su aplicación, pero aún quedan varios pasos antes de que la medida pueda entrar en vigencia.
El primer paso será la promulgación presidencial y su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. Recién a partir de ese momento la ley tendrá vigencia plena.
Sin embargo, la existencia de la norma no implica por sí misma la declaratoria de un estado de excepción. Para ello, el presidente Rodrigo Paz deberá emitir un decreto supremo específico en el que justifique la necesidad de aplicar la medida, identifique las causas que la motivan y defina su alcance territorial y temporal.
La ley establece que el estado de excepción solo podrá declararse ante situaciones excepcionales, como amenazas a la seguridad del Estado, conmoción interna, agresiones externas o desastres naturales de gran magnitud.
Una vez firmado el decreto, el Gobierno deberá remitirlo de inmediato a la Asamblea Legislativa. A partir de ese momento comenzará a correr un plazo de 72 horas para que diputados y senadores analicen la decisión presidencial y emitan una postura.
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El diputado de Unidad, Carlos Alarcón, explicó que ese control legislativo constituye una condición indispensable dentro del procedimiento previsto por la Constitución y la nueva normativa.
En caso de que la Asamblea respalde la medida, el estado de excepción continuará su curso bajo los parámetros establecidos en el decreto. Si surgen observaciones o cuestionamientos, el Legislativo podrá debatir los alcances de la decisión dentro del plazo constitucional.
Pues diversos sectores políticos exigen que el Gobierno aplique esta figura ante la crisis provocada por los bloqueos, la escasez de combustibles y los hechos de violencia registrados en distintas regiones del país. No obstante, juristas y legisladores recuerdan que la promulgación de la ley constituye apenas el primer eslabón de una cadena de decisiones que todavía debe recorrer el Ejecutivo antes de activar formalmente el estado de excepción.
En resumen, el procedimiento tiene cuatro etapas:
- Promulgación de la ley por Rodrigo Paz.
- Publicación en la Gaceta Oficial.
- Emisión de un Decreto Supremo que declare el estado de excepción.
- Remisión del decreto a la Asamblea, que tendrá 72 horas para pronunciarse.
Ese último paso coloca nuevamente la decisión en manos del Legislativo, que deberá asumir una decisión si el Ejecutivo opta por activar una de las medidas más extraordinarias previstas por la Constitución.
