Bolivia tiene litio, zinc, plata y una larga lista de minerales que el mundo necesita con urgencia. También tiene una historia conocida: los recursos están, la inversión no llega al ritmo necesario y los beneficios para la población siguen siendo esquivos. Un informe presentado el pasado jueves por el Consejo Global para Minerales de Transición Responsables, convocado por el Foro de Paz de París, pone nombre a ese problema y propone una salida que merece atención en Bolivia.
El diagnóstico es contundente. La Agencia Internacional de Energía estima que se necesitan alrededor de $us 800.000 millones en inversión minera de aquí a 2040 para sostener la transición energética. Sin embargo, el documento advierte que los marcos de financiamiento actuales «todavía no están generando inversión a la escala, velocidad o calidad requeridas». El interés existe, pero el problema no es escasez de dinero sino escasez de condiciones.
Joel Flores Carpio, CEO de Strategis Global Advisors, es un profesional boliviano que formó parte del equipo de trabajo a cargo del informe. “El futuro de los minerales críticos dependerá tanto de la innovación financiera como de la geología”, afirma.
Financiabilidad
Efectivamente, los desafíos no son exclusivamente de minería, sino de flujos de dinero y reglas. El concepto central que introduce el documento es el de financiabilidad (bankability): es decir, la aptitud para recibir financiamiento privado. Su ausencia constituye un obstáculo estructural. «La principal restricción no se encuentra únicamente en la disponibilidad de capital, sino en la dificultad de hacer financiables los proyectos mineros responsables». En esto juegan factores clave: plazos prolongados de desarrollo, altos costos iniciales, incertidumbre regulatoria y volatilidad de precios.
Hay un obstáculo adicional que el documento señala con particular énfasis: la selección discrecional y política de los proyectos a desarrollarse. Cuando los gobiernos deciden caso por caso quién recibe apoyo público, el resultado es incertidumbre para inversores y opacidad para ciudadanos. La propuesta central del Consejo es directa: los proyectos «no deben depender de la selección política ad hoc para calificar». Remarca que deben ser evaluados contra criterios objetivos y transparentes que cubran relevancia estratégica, viabilidad comercial, estándares ambientales y una ruta creíble al mercado. Reglas escritas, no favores negociados.
El reporte también advierte sobre un riesgo sistémico que Bolivia conoce bien: la debilidad institucional como freno a la inversión. «La gobernanza fiscal, la gestión de ingresos y la capacidad regulatoria deben entenderse como condiciones directas de financiabilidad», señala el documento. Puntualiza que «instituciones débiles, riesgos de corrupción o inestabilidad política pueden elevar rápidamente el riesgo soberano y del proyecto».
Retornos
Para los países productores, el informe plantea una visión que va más allá de la extracción. «La viabilidad a largo plazo de la inversión minera depende no solo de los retornos comerciales, sino también de si los países productores experimentan creación de valor, desarrollo de infraestructura y una participación más justa en los beneficios». En ese sentido, los marcos de financiamiento deben preservar el espacio para que esos países persigan industrialización local y procesamiento doméstico. Sin estos elementos, concluye el informe, “los incentivos para sostener marcos estables e invertibles son más débiles».
Sin reglas y retornos claros la riqueza seguirá enterrada.
