La diputada de Unidad, Cecilia Requena, expresó sus reparos a la recientemente promulgada Ley de Regulación de los Estados de Excepción y advirtió que una de sus disposiciones podría generar riesgos para la protección de los derechos humanos y abrir la puerta a futuras impugnaciones constitucionales.
Durante una entrevista en el programa Piedra, Papel y Tinta, la legisladora explicó que decidió no respaldar la norma por una “objeción de conciencia” vinculada al artículo 26, referido a la presunción de legalidad de las actuaciones de policías y militares durante la vigencia de un estado de excepción.
Cecilia Requena
“Yo ya no pude aprobar la ley que mandó el Ejecutivo porque tengo una objeción de conciencia precisamente por el principio de los derechos humanos”, afirmó.
Requena sostuvo que la crisis actual obliga al Estado a preservar el orden público, pero insistió en que cualquier acción debe desarrollarse dentro de límites claros y respetando las garantías constitucionales.
“Yo creo que el Estado tiene que poder imponer el Estado de derecho, el orden, etcétera, con medidas proporcionales respetando los derechos humanos”, señaló.
Estado de Excepción
La diputada explicó que sus observaciones surgieron después de revisar informes técnicos de especialistas en derecho constitucional y derechos humanos, además de los criterios expresados por la Defensoría del Pueblo y por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
Según indicó, la preocupación principal se centra en la redacción del artículo 26, que establece que las acciones de las fuerzas del orden durante un estado de excepción “gozarán de presunción de legalidad”.
“Ese es un problema porque puede dar carta blanca a abusos de derechos humanos y eso es lo que no queremos”, afirmó.
La legisladora aseguró que la norma pudo haber incorporado límites explícitos para evitar interpretaciones amplias sobre el uso de la fuerza y recordó que el propio artículo 27 contempla excepciones en casos de tortura, desaparición forzada o violaciones graves de derechos humanos.
Conflicto
“Podíamos lograr un equilibrio entre darle al Estado la posibilidad de intervenir y no darle carta blanca a nadie para violar derechos humanos”, sostuvo.
Requena también alertó sobre las consecuencias políticas que podría tener una intervención estatal mal gestionada en el actual contexto de conflictividad.
“Puede ser un grave error político si finalmente la violencia se administra de una manera que genera más violencia”, señaló.
A su juicio, una eventual escalada de la confrontación podría terminar fortaleciendo las posiciones más radicales de los sectores movilizados.
Sectores
“Si hay más muertos de los que ya hay y esta vez son atribuidos al Estado, eso puede generar más bien lo que ellos han estado planteando, que es el derrocamiento o la renuncia de un presidente”, advirtió.
Pese a sus cuestionamientos, la diputada aclaró que no rechaza la figura del estado de excepción como herramienta constitucional.
“Yo creo que el estado de excepción es una herramienta con la cual el Estado debe contar y que inclusive en este caso va a tener que aplicar por cómo se están planteando las cosas del otro lado”, afirmó.
Sin embargo, insistió en que la solución de fondo no pasa únicamente por medidas extraordinarias.
“Las raíces estructurales de esta crisis no se resuelven con estados de excepción. Eso se aborda con políticas públicas serias”, manifestó.
Polarización
Finalmente, lamentó el clima de polarización que rodeó el debate legislativo y defendió el derecho de los parlamentarios a expresar posiciones divergentes.
“Es una objeción de conciencia argumentada a partir de especialistas en derechos humanos y en derecho constitucional”, afirmó.
La legisladora consideró que una norma de esta naturaleza debió construirse con mayores consensos para evitar cuestionamientos futuros y garantizar una base jurídica sólida en caso de que el Gobierno decida aplicar un estado de excepción.
