El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, expresó su preocupación por las consecuencias económicas y sociales de los bloqueos que afectan al país desde hace más de 40 días, y advirtió que las pérdidas acumuladas ya rondan los $us 2.500 millones.
Durante una conferencia de prensa, Rodríguez calificó la situación como inédita y lamentó que en pleno siglo XXI se registren cercos a las ciudades que perjudican a la población y a diversos sectores productivos.
«Es algo que nunca debía haber pasado. Estamos hablando de cercos a las ciudades, algo difícil de imaginar en una sociedad que se precie de civilizada», afirmó.
Según el ejecutivo, los bloqueos no solo afectan a sectores como el agropecuario, agroindustrial, forestal, exportador, importador, transporte, turismo y servicios, sino también a los consumidores, trabajadores y al propio Estado debido a la caída en la recaudación tributaria y en el ingreso de divisas.
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Pérdidas
Rodríguez señaló que, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Industrias, el impacto económico supera los $us 2.500 millones, en un contexto en el que el país intentaba recuperarse de varios años de dificultades económicas.
Asimismo, alertó sobre el deterioro de la imagen internacional de Bolivia, situación que podría afectar la llegada de inversiones y turistas.
«¿Quién va a querer hacer turismo en Bolivia? ¿Quién va a querer invertir en Bolivia?», cuestionó.
El representante del IBCE también recordó los resultados de un sondeo nacional realizado el pasado 26 de mayo, en el que, según indicó, 95 de cada 100 personas consideraron que los bloqueadores deben ser sancionados.
En ese sentido, sostuvo que existe una diferencia entre el derecho a la protesta y las acciones que afectan derechos de terceros. Señaló que las manifestaciones pacíficas forman parte de la libre expresión, pero que los bloqueos y hechos violentos constituyen conductas sancionadas por la legislación vigente.
Finalmente, Rodríguez criticó la permisividad que, a su juicio, han tenido distintos gobiernos frente a este tipo de medidas de presión y afirmó que los mayores perjudicados son los ciudadanos, las micro, pequeñas y medianas empresas, además de los productores que enfrentan dificultades para mantener sus actividades.
