Hay artículos que nacen para informar. Otros para investigar. Y algunos, los más curiosos, parecen escritos para que el lector llegue exactamente a la conclusión que el autor ya decidió antes de redactar la primera línea.
La reciente publicación de El País titulada «¿Es ilícito tener dinero en efectivo en Bolivia?» pertenece a esta última categoría. El texto arranca planteando una aparente preocupación por la desigualdad en el escrutinio institucional. Hasta ahí, nada extraordinario. Lo interesante viene después, cuando realiza un salto olímpico digno de medalla de oro: compara dinero incautado en protestas sociales con créditos otorgados por la banca a empresas legalmente constituidas.
Es decir, compara peras con locomotoras. Porque una cosa es que el Estado investigue el origen de dinero transportado en circunstancias específicas y otra muy distinta es que un banco otorgue financiamiento bajo supervisión regulatoria, análisis de riesgo, garantías y contratos.
Pero claro, si el objetivo es generar sospecha, los detalles técnicos suelen convertirse en un obstáculo incómodo. La lógica implícita parece ser la siguiente: Si una empresa tiene accionistas extranjeros, recibió créditos bancarios y además tiene actividad económica relevante, entonces merece sospecha…Curiosa teoría.
Bajo ese razonamiento, buena parte de las inversiones que construyeron América Latina durante los últimos cien años deberían estar bajo investigación permanente. Lo más llamativo es aquello que el artículo no cuenta.
No explica cuántos empleos generan esas empresas; No explica cuánto tributan; No explica cuánto invierten; No explica si cumplen contratos; No explica si producen riqueza; No explica si sostienen infraestructura estratégica; No explica si generan exportaciones y no explica absolutamente nada sobre el aporte económico de quienes son colocados bajo la lupa.
Porque el objetivo no parece ser entender la actividad empresarial. El objetivo parece ser instalar la sospecha. Y en Bolivia la sospecha se ha convertido en una industria más rentable que muchas actividades productivas.
Mientras algunos invierten millones en infraestructura, otros invierten palabras en construir relatos. Mientras unos transportan carga, pasajeros, exportaciones y desarrollo, otros transportan insinuaciones. Mientras unos presentan balances, otros presentan sospechas.
Lo paradójico es que el artículo pretende defender la igualdad ante la ley, pero termina sugiriendo que acceder a financiamiento bancario, tener capital extranjero o desarrollar actividades empresariales exitosas debería ser motivo suficiente para despertar desconfianza pública. Un concepto interesante para un país que necesita desesperadamente inversión.
Quizás la verdadera pregunta no sea si es ilícito tener dinero en efectivo. Quizás la pregunta correcta sea si en Bolivia se ha vuelto sospechoso producir, invertir y crecer. Porque cuando una sociedad comienza a desconfiar más de quien construye una empresa que de quien destruye una carretera, el problema ya no está en el dinero. Está en la brújula moral con la que se interpreta la realidad.
