El presidente en ejercicio de la CAO advirtió que la medida afectará gravemente al sector ganadero y al equilibrio económico nacional.
El presidente de la institución considera que el Gobierno niega la crisis y “apunta a otros”.
La norma busca que responsables de vulneraciones asuman el costo económico, protegiendo el patrimonio estatal.
Entre ellas, se encuentra la polémica disposición adicional séptima que autoriza la confiscación de productos y alimentos.
El Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural dijo que la medida durará hasta que los costos en el mercado interno se normalicen.
Para Santa Cruz, el costo del quintal será de Bs 75, mientras que para el resto de departamentos será de Bs 70.
La empresa denuncia una vulneración a sus derechos constitucionales y recurrirá a instancias nacionales e internacionales para garantizar un “juicio justo”.
El ministro contrastó los datos del FMI sobre una presunta deuda pública del 83% en relación al PIB.
Productores, empresarios, industriales, exportadores, gremiales y cívicos marcharán a nivel nacional el próximo lunes en rechazo a la disposición séptima del PGE.
La Sala Civil del TSJ confirmó el fallo en contra de la Sociedad Boliviana de Cemento, en favor del patrimonio público.
La convocatoria está dirigida a organizaciones, instituciones, fundaciones y actores de la sociedad civil
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