En un operativo conjunto entre la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Ministerio Público se logró la aprehensión de siete personas vinculadas al robo y comercialización ilegal de material de telecomunicaciones en Santa Cruz.
La intervención, que se llevó a cabo en la calle Barrón, zona Los Pozos; además de otros puntos estratégicos de la ciudad. Un equipo especializado en telecomunicaciones permitió la identificación y posterior decomiso de grandes cantidades de cables de cobre, baterías y otros equipos robados. El valor asciende a miles de dólares.
El analista legal de la ATT, Bernardo Salazar, informó que estos delitos representan una grave amenaza para la estabilidad de la continuidad de los servicios de telecomunicaciones en el país. “No estamos hablando de simples robos, sino de atentados contra la seguridad de los servicios públicos. El robo de cables y baterías deja incomunicadas a miles de personas; afecta el acceso a internet, telefonía y televisión por cable, y genera pérdidas millonarias al sector”, enfatizó.
INTERVENCIÓN
Informó que, durante la intervención, los especialistas en telecomunicaciones de la ATT identificaron hilos de cobre extraídos de redes de telecomunicaciones. Además, se encontraron entre 30 y 40 baterías de alta capacidad, utilizadas en radiobases, cuyo valor unitario oscila entre 4.000 y 6.000 bolivianos.
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“Debido a la evidente vinculación con actividades ilícitas, la Policía procedió a la aprehensión de los propietarios de las tiendas intervenidas. Las personas detenidas serán procesadas por los delitos de atentado contra la seguridad de los servicios públicos, robo agravado y receptación”, resaltó.
Según datos del ente regulador, en los últimos meses se han reportado casos de robo de cables y baterías en los municipios de La Paz, El Alto, Santa Cruz, La Guardia y Warnes. El ilícito afectó a miles de usuarios.
“En respuesta a esta problemática, la ATT ha intensificado su trabajo en coordinación con la Policía Boliviana y el Ministerio Público. Se ha realizado inspecciones, operativos sorpresa y acciones penales”, dijo Salazar.
Acotó que los procesos no solo son contra quienes roban material de telecomunicaciones, sino también contra aquellos que lo compran de manera ilícita y fomentan el delito.
