La Inmobiliaria Kantutani S.A. rechazó “categóricamente” este martes las acusaciones que la vinculan a la aparición de lápidas del Cementerio Los Andes en terrenos de la urbanización Santa Cecilia, calificándolas como un “montaje mediático” orquestado por el alcalde de La Paz, Iván Arias, para evadir su responsabilidad en la tragedia de Bajo Llojeta de noviembre de 2024.
En un comunicado, la empresa explicó que las lápidas mostradas en un video son material en desuso retirado del Cementerio Jardín a solicitud de familias, almacenado en sus depósitos y sustraído sin autorización.
“La información difundida es falsa y ha sido utilizada para generar confusión. Rechazamos esta maniobra y lamentamos el uso doloso de nombres de fallecidos”, señaló Kantutani, anunciando acciones legales por difamación.
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Kantutani
La emergencia del 23 de noviembre de 2024, provocada por el colapso del embovedado del río Pasajahuira tras lluvias intensas, dejó 40 viviendas inundadas y daños materiales cuantiosos, además de la muerte de una menor de edad que quedó atrapada en la mazamorra.
A raíz del hecho, el alcalde Arias enfrenta una investigación penal por presunta negligencia en el mantenimiento de esta infraestructura, con cargos por incumplimiento de deberes. Sin embargo, la autoridad acusa a Kantutani de ser la responsable y cuestionó que el empresario Luis Iturralde aún esté “prófugo”.
Por su parte, Kantutani señala que diferentes peritajes técnicos y la Justicia determinaron que la Alcaldía incumplió su obligación de implementar medidas preventivas. La empresa destacó que la distancia geográfica entre el Cementerio Los Andes y Bajo Llojeta hace “inviable cualquier vínculo estructural o hidráulico”.
Por ello, la inmobiliaria acusó a Arias de “sembrar pruebas falsas” para crear un caso inexistente. “La justicia ya ha determinado quién es responsable. En lugar de asumir consecuencias, el alcalde busca desviar la atención”, afirmó.
Kantutani exhortó a los medios a verificar fuentes y actuar con responsabilidad, reiterando su compromiso con la transparencia y el respeto a las familias afectadas. Mientras tanto, el equipo legal de la empresa prepara demandas por el uso fraudulento de material y la difusión de información que daña su reputación.
