En el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, el Gobierno aprobó el Régimen Extraordinario de Promoción y Protección de Inversiones a través del Decreto Supremo 5503, una norma que introduce un cambio sustancial en la forma de viabilizar grandes proyectos productivos en el país.
La principal novedad es que las inversiones estratégicas podrán ser autorizadas y formalizadas mediante decreto supremo, sin necesidad de pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa, como ocurre actualmente de acuerdo con lo que establece la Constitución Política.
El nuevo régimen está diseñado para atraer inversiones nacionales y extranjeras, garantizando seguridad jurídica, previsibilidad regulatoria y trato no discriminatorio, con el objetivo central de reactivar la economía.
La norma establece que los proyectos podrán formalizarse mediante contratos de inversión con “efecto normativo”, carácter vinculante y fuerza obligatoria entre el Estado y el inversionista, una vez aprobados por decreto supremo.
Inversiones extranjeras
Entre los principales incentivos, el decreto otorga estabilidad jurídica y tributaria reforzada por un plazo de hasta 15 años, que abarca impuestos, regímenes arancelarios, normas de comercio exterior, reglas para el uso y repatriación de divisas e incentivos sectoriales. Cualquier modificación normativa posterior no será aplicable a las inversiones protegidas, salvo aceptación expresa del inversionista.
El régimen prioriza inversiones consideradas estratégicas en sectores como minería (incluido el litio) y metalurgia formal, hidrocarburos y energía, generación eléctrica y energías renovables, agroindustria y alimentos, infraestructura logística y transporte, así como manufactura con orientación exportadora.
Para estos proyectos se crea un procedimiento de aprobación expedita, denominado “Fast Track”, con ventanilla única, plazos perentorios y la aplicación del silencio administrativo positivo, estableciendo un plazo máximo de 30 días calendario para la aprobación técnica.
Asimismo, se instituye la Ventanilla Única de Inversiones Estratégicas (VUIE), bajo dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, que articulará y supervisará las políticas de inversión junto con los ministerios de Economía y de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente.
Además, la norma señala que, en casos de conciliación y arbitraje, el tribunal podrá estar compuesto por árbitros nacionales o internacionales.
Con este decreto, el Gobierno busca acelerar la llegada de capitales, reducir la burocracia y ofrecer señales claras de estabilidad a los inversionistas, en un contexto de crisis económica, apostando a que la inversión privada se convierta en uno de los principales motores de la reactivación productiva del país.
