El gerente de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Vladimir Fernández, aclaró que el incremento de la Renta Dignidad hasta los Bs 500 no beneficiará a la totalidad de los adultos mayores del país, ya que está dirigido exclusivamente a quienes no perciben jubilación ni pensiones contributivas.
“Solamente quienes no reciben aportes contributivos, quienes hoy reciben Bs 350, a ellos se les aumenta Bs 150”, explicó Fernández, precisando que el pago se hará efectivo a partir de la gestión 2026 y de manera automática, sin necesidad de realizar ningún registro adicional.
El funcionario señaló que la Gestora cuenta con las bases de datos actualizadas de los beneficiarios y que se realizan controles permanentes para evitar irregularidades como fraudes, dobles cobros o duplicidad de carnets.
Renta
Mediante el Decreto Supremo 5503, promulgado el pasado 17 de diciembre, el Gobierno determinó que la Renta Dignidad incrementará la próxima gestión, cumpliendo así una de sus principales promesas electorales.
Sin embargo, las personas que reciben Bs 300 de renta actualmente, debido a que también perciben una jubilación, no recibirán el aumento. Por el momento, no se aclaró los motivos de esta decisión ni que medida se tomará en beneficio de estos adultos mayores.
El gerente de la Gestora añadió que los procesos de verificación también se aplican al denominado Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE).
“Para la Renta Dignidad y el bono PEPE no debe haber ningún registro adicional; la Gestora tiene la base de datos de todos los beneficiarios”, reiteró Fernández.
El bono PEPE, creado en el marco del Decreto Supremo 5503, consiste en tres pagos mensuales de Bs 150, que suman un total de Bs 450. El viceministro del Tesoro, Christian Morales, explicó que este beneficio está destinado a familias con niños y estudiantes del sistema fiscal y de convenio.
Asimismo, el programa incluye a madres beneficiarias del bono Juana Azurduy hasta el 30 de noviembre de 2025, personas que reciben el bono anual de indigencia y personas con discapacidad, como parte de las medidas de protección social impulsadas por el Gobierno.
