El presidente, Rodrigo Paz Pereira, indicó este lunes en conferencia de prensa que tras un arduo trabajo investigativo, las autoridades identificaron a los responsables del sabotaje de la calidad del combustible.
“Ya tenemos ubicados a los responsables. Habrá anuncios sobre aquellos delincuentes que deberán responder ante la justicia por sus actos”, informó Paz en la rueda de prensa que se llevó a cabo en Santa Cruz.
Paz Pereira recalcó ante los medios de comunicación que el hecho no responde a errores técnicos o de operatividad, ya que aseguró que todo forma parte de un acto deliberado de sabotaje, que según las investigaciones, conducen a organizaciones criminales que se apropiaron de los sistemas de distribución de los carburantes en las últimas dos décadas
“El daño es mayor: es la filosofía implementada en las últimas dos décadas para crear una institucionalidad del robo y la corrupción. No hay flujo administrativo o económico que no haya sido intervenido por tres o cuatro clanes familiares”, añadió el gobernante.
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Combustible
Este año, los transportistas denunciaron que en los puntos de distribución y comercialización de combustibles circulaba un carburante “degradado”. Y que según estudios realizados, dañaba ostensiblemente los motores de sus vehículos; lo que generó polémica entre la opinión pública, especialistas y transportistas.
Tras un análisis exhaustivo, el Gobierno identificó el problema y se comprometió, por entonces, a dar con los responsables y encauzar las penalidades.
A su turno, Paz resaltó que el objetivo apunta a no ejercer persecución general. Ya que puntualizó que existen trabajadores honestos dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Sin embargo, corroboró que existe personal con vínculos a organizaciones criminales, cuya principal vocación es “desestabilizar” a Bolivia.
“Ya tendrá Bolivia anuncios sobre aquellos delincuentes que irán ante la justicia a responder por sus actos de delitos contra la familia y la patria”, contextualizó el Mandatario.
Según los últimos reportes estatales, YPFB comenzó con un proceso de seguimiento e investigación a 12 de sus funcionarios. De los cuales 10 corresponden a personal administrativo y dos ya son judicializados.
