El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Odpib) alertó que la reciente Ley 1720 podría beneficiar principalmente al sector ganadero de Santa Cruz y Beni, al permitir que pequeñas propiedades accedan a la categoría de mediana propiedad con ventajas regulatorias.
Según el análisis del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, la norma establece una suspensión de hasta 10 años en la verificación de la Función Económica Social (FES), lo que —advierten— podría incrementar la presión sobre territorios indígenas.
La ley, anteriormente identificada como Ley 157 y promulgada por el presidente Rodrigo Paz, es cuestionada por el organismo al considerar que contradice principios constitucionales, especialmente en lo referido a la inembargabilidad de la pequeña propiedad como patrimonio familiar.
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Ley
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en Bolivia existen 9,4 millones de hectáreas tituladas como pequeña propiedad agraria y ganadera. Sin embargo, el CEJIS sostiene que la nueva normativa favorecerá principalmente a productores ganaderos en regiones como la Amazonía (Pando y Beni), el Chaco (Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz) y la Chiquitanía y el Pantanal.
En el Beni y Pando, la superficie de pequeña propiedad alcanza más de 642.000 hectáreas, de las cuales el 81% corresponde a actividad ganadera. En Santa Cruz, la concentración es aún mayor, con más de 2,5 millones de hectáreas destinadas a ganadería, representando más del 75% del total nacional de pequeña propiedad.
Riesgos para territorios indígenas
El informe advierte que muchas de estas propiedades colindan o se superponen con territorios indígenas, lo que podría derivar en mayores conflictos por la tierra.
Entre las zonas potencialmente afectadas se encuentran territorios como el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, así como Tsimane’, Multiétnico I y II, Mojeño Ignaciano, Sirionó, Movima y Moré, además de la TCO Machineri en Pando.
En Santa Cruz, el CEJIS identifica riesgos para territorios indígenas como Charagua Norte, Parapitiguasu, Alto y Bajo Isoso, Lomerío, Guarayo y Monte Verde, entre otros.
Observaciones de fondo
El organismo señala que la normativa podría incentivar el cambio en la tenencia de la tierra. Promoviendo la individualización de propiedades en detrimento de la propiedad colectiva indígena.
Para el CEJIS, este proceso podría derivar en mayores presiones, avasallamientos y tráfico de tierras. Todo dentro de un contexto de expansión de la actividad ganadera y con respaldo de sectores agroindustriales.
En ese sentido, advierte que la promulgación de la ley sienta un precedente preocupante para el futuro de los territorios indígenas en Bolivia. Al considerar que debilita garantías constitucionales y el derecho de los pueblos indígenas al acceso y control de sus tierras.
