La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (Afcoop), dependiente del Ministerio de Trabajo, dispuso la paralización de los trámites administrativos mineros vinculados al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Madidi, según un reporte de la Agencia de Noticias Ambientales (ANA).
Esto ocurre en medio de fuertes cuestionamientos al acuerdo suscrito entre el Gobierno y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin).
“Se resuelve suspender los plazos administrativos de los trámites sujetos a registros contemplados en el artículo 18 del Decreto Supremo 1995 relacionados a las cooperativas mineras auríferas, multiactivas y otras que desarrollen actividades en el área protegida ANMI Madidi, misma que abarca a las provincias Iturralde y Franz Tamayo del departamento de La Paz”, Indica la resolución.
La disposición determina la suspensión de los plazos administrativos relacionados con registros de cooperativas mineras auríferas, multiactivas y otras que desarrollen actividades dentro del área protegida del Madidi, ubicada en las provincias Iturralde y Franz Tamayo del departamento de La Paz.
También revise: Gobierno desmiente rumores sobre privatización de empresas mineras estatales
Operaciones mineras
La resolución alcanza a varias regiones y comunidades como Ixiamas, San Buenaventura, Tumupasa, Apolo, Pelechuco, Mojos, Puina y sectores del río Beni, además de zonas vinculadas a Guanay y Rurrenabaque.
El director ejecutivo de Afcoop, Eddy Jaldín Medrano, justificó la determinación señalando que busca precautelar el cumplimiento de los procedimientos administrativos y garantizar seguridad jurídica en torno a los trámites mineros observados.
La decisión surge en un contexto de creciente rechazo de organizaciones indígenas y ambientales al acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y Fencomin, el cual —según denuncian— abriría la posibilidad de ampliar derechos mineros dentro de áreas protegidas sin procesos adecuados de consulta previa.
La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) cuestionó duramente los compromisos asumidos por el Gobierno y denunció que no se realizaron consultas libres, previas e informadas a las comunidades afectadas, especialmente en regiones amazónicas.
Dato
En un pronunciamiento público, la organización sostuvo que las medidas acordadas representan “un atentado a derechos fundamentales de pueblos indígenas originarios campesinos y del pueblo boliviano”.
Asimismo, la Contiocap exigió la anulación inmediata del acuerdo entre el Gobierno y Fencomin, argumentando que vulnera derechos constitucionales relacionados con la vida, el agua, la alimentación y el acceso a un medio ambiente sano.
Entre otras demandas, la organización pidió suspender la ampliación de zonas mineras sin garantías de fiscalización ambiental, fortalecer el control estatal sobre actividades extractivas y aprobar una ley específica de protección de recursos hídricos.
También solicitaron acelerar la implementación del Plan de Acción Nacional para la reducción del uso de mercurio, en cumplimiento del Acuerdo de Minamata, además de impulsar una nueva ley minera con participación de la sociedad civil y pueblos indígenas afectados por la contaminación.
La Contiocap advirtió además a organismos internacionales sobre el respaldo que algunas cooperaciones extranjeras brindan a procesos de formalización minera, señalando que ello podría contribuir a la expansión de actividades extractivas en territorios indígenas y áreas protegidas.
La organización reúne a representantes indígenas y defensores ambientales de distintas regiones del país y anteriormente participó en movilizaciones contra proyectos extractivos e hidroeléctricos como Bala-Chepete, Rositas y actividades petroleras en Tariquía.
