La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) emitió un pronunciamiento institucional en el que se refiere a cuestionamientos difundidos en medios de comunicación y redes sociales contra el ingeniero Sebastián Daroca Oller, empresario, presidente de YPFB y profesional afiliado a la Cámara Departamental de la Construcción de Tarija (Cadeco Tarija).
La entidad señaló que tomó conocimiento de las observaciones públicas realizadas en torno al profesional, y remarcó que su labor institucional está orientada a promover el desarrollo de la industria de la construcción bajo principios de legalidad, transparencia, ética empresarial y cumplimiento normativo.
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Daroca
En ese marco, Caboco destacó que las empresas constructoras afiliadas a sus cámaras departamentales participan en la ejecución de proyectos públicos y privados en distintos niveles del Estado, contribuyendo —según señala— a la generación de empleo, inversión y desarrollo del país.
La institución expresó su rechazo a toda descalificación pública que, a su criterio, pueda afectar la trayectoria o reputación de profesionales y empresas del sector sin que existan determinaciones emitidas por instancias legales competentes.
Asimismo, advirtió que la difusión de acusaciones sin sustento o fuera de los procedimientos establecidos puede generar perjuicios a la imagen del sector de la construcción y de los profesionales involucrados.
Respeto
Caboco exhortó a que cualquier investigación o proceso se desarrolle con estricto apego al debido proceso, garantizando la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el respeto a la institucionalidad.
La entidad también llamó a actores sociales, políticos y de la comunicación a actuar con responsabilidad, evitando juicios anticipados que puedan afectar la honra y el prestigio de las personas.
Finalmente, la Cámara Boliviana de la Construcción reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y el fortalecimiento institucional como principios fundamentales del sector.
“Construyamos Bolivia, con empresas bolivianas”, concluye el pronunciamiento emitido desde La Paz el 3 de junio de 2026.
