La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) difundió este martes un comunicado institucional para reiterar su pedido al Gobierno central para que diseñe de una vez una estrategia nacional que se enmarque en un plan de emergencia.
En el documento, la entidad expresa su respaldo a los sectores sociales que decidieron suspender los bloqueos, optar por el diálogo y el consenso como mecanismo para resolver sus demandas,
A través del pronunciamiento, la organización empresarial señaló que estas decisiones contribuyen a buscar soluciones mediante la concertación, mientras manifestó su preocupación por los sectores que mantienen los cortes de tránsito en diferentes carreteras del país.
La CEPB afirmó que la continuidad de los bloqueos genera impactos negativos para la población, las regiones y las actividades económicas, afectando la producción, el movimiento comercial y los recursos del Estado.
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Emergencia
La entidad empresarial cuestionó que algunos dirigentes mantengan las medidas de presión pese a los efectos económicos que provocan, y pidió al Gobierno nacional tomar acciones dentro del marco legal para evitar mayores perjuicios.
“Pese a contar con los instrumentos jurídicos, la legitimidad, la demanda pública y la capacidad operativa, aún no se toman las medidas que la ley faculta para impedir que estos grupos continúen provocando daño al país”, señaló la CEPB.
Asimismo, reiteró su solicitud para que el Gobierno impulse con rapidez un Plan de Emergencia Económica, construido de manera integral y participativa, que contemple las necesidades de los distintos sectores y regiones del país.
El sector privado planteó que esta estrategia debe incluir la participación activa de empresarios nacionales y departamentales, a través de la institucionalidad empresarial, además de evitar medidas aisladas que beneficien a unos sectores en perjuicio de otros.
La CEPB remarcó que la estabilidad fiscal y financiera debe ser considerada como un elemento central para cualquier proceso de recuperación económica sostenible, con el objetivo de proteger la inversión, el empleo y la actividad productiva nacional.
