Se activaron mecanismos de protección para tres concejalas titulares del municipio de Tapacarí en Cochabamba, víctimas de violencia política. Se trata de Hilda Apaza, Felisa Ormachea y Teodora Poma, a quienes les impiden el ejercicio de sus funciones.
Las concejalas Apaza y Ormachea se vieron obligadas a solicitar licencias temporales desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2026, mientras que la concejala Poma lo hizo desde noviembre de 2023 hasta enero de 2025, como resultado de los “acuerdos de gestión compartida”, según un informe del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, pero luego les negaron su reincorporación.
Represalias
Desde febrero de 2025, las concejalas dejaron de recibir sus salarios y denunciaron el cierre físico de las instalaciones de la Alcaldía y del Concejo Municipal (este último incluso fue tapiado), obstaculizando el ejercicio legítimo de sus funciones.
Además, fueron víctimas de agresiones físicas, amenazas, actos de discriminación y una campaña sistemática de hostigamiento y desprestigio, presuntamente promovida por el Alcalde municipal con respaldo de algunos sectores sociales.
La inacción del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Tapacarí, la limitada presencia policial y la dilación de los procesos penales agravaron aún más la situación, dejando a las concejalas en una situación de vulnerabilidad y sin acceso a defensa legal.
Medidas
Tomando en cuenta todos estos antecedentes los miembros del “Mecanismo de Prevención y Atención Inmediata de Defensa de los Derechos de las Mujeres en Situación de Acoso y/o Violencia Política”, presidido por el Ministerio de Justicia y conformado por el Ministerio de Gobierno, Policía Boliviana, Viceministerio de Autonomías, Órgano Electoral Plurinacional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, y la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia, acordaron aplicar un conjunto de medidas a favor de las tres concejalas.
Se determinó que el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) asumirá el patrocinio legal e integral a favor de las concejalas víctimas, en los dos procesos penales en curso.
Convocatoria
Además, se decidió convocar al Alcalde y al Presidente del concejo a una reunión ampliada del mecanismo, a realizarse el miércoles 24 de septiembre, con participación de todos sus miembros.
El Ministerio Público y la Policía Boliviana se comprometieron al cumplimiento de la debida diligencia en los procesos judiciales activados; mientras que el Ministerio de Gobierno gestionará el refuerzo de presencia policial en el municipio, garantizando la seguridad de las autoridades electas.
“Este caso evidencia la persistencia de una violencia política estructural que busca excluir a las mujeres del ejercicio del poder público y la toma de decisiones, a través de amenazas, restricciones administrativas, agresiones físicas y acoso institucional”, advirtió el Ministerio de Justicia mediante un comunicado.
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