La senadora disidente de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame lamentó que la transformación justicia haya desaparecido del debate electoral.
“El tema de la justicia no es materia de ningún debate, no es materia de propuestas de ninguno de los candidatos”, dijo.
En entrevista con La Razón Radio, recordó que antes del proceso electoral, varios precandidatos habían propuesto una transformación judicial. Mencionó a Samuel Doria Medina, candidato de la alianza Unidad y Jaime Dunn, quien no pudo oficializar su candidatura.
Doria Medina propuso la eliminación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mientras que Dunn, indicó que, en caso de llegar a la presidencia, ordenaría la aprehensión de los magistrados autoprorrogados. “Pero aparte de esto no hay ningún tipo de propuestas”, dijo.
La legisladora denunció que el gobierno permitió la permanencia ilegal de magistrados prorrogados al bloquear reiteradamente los proyectos de ley que impulsaban las elecciones judiciales.
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“Yo particularmente no tengo duda de que si hoy los prorrogados están en el Tribunal es por la voluntad del gobierno, pero además también porque estos están al servicio del gobierno”, indicó.
Indicó que el ejecutivo no solo avaló el “golpe judicial” del 2 de enero 2024, sino que utilizó al TCP como un “suprapoder” al servicio de sus intereses.
Oposición
También cuestionó el rol de las oposiciones, a las que acusó de complicidad. Recordó que en 2021 había presentado un proyecto de ley para afrontar el proceso de elecciones judiciales. Sin embargo, el proyecto fue “boicoteado” por la oposición.
“Es decir que CC, probablemente porque yo era la proyectista, fue la primera en boicotear el proyecto de ley”, denunció.
Proyecto de ley
La senadora indicó que este miércoles presentará un proyecto de ley para reformar parcialmente la Constitución Política del Estado. La iniciativa pretende cambiar la forma de la elección de magistrados y garantizar la independencia de poderes.
La propuesta también busca eliminar la participación del vicepresidente en la Asamblea Legislativa, y plantea ajustes al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo de Justicia y el propio TCP.
