La justicia en México entró en una etapa de incertidumbre, tras unas inéditas elecciones de jueces marcadas por el abstencionismo e inquietudes sobre la independencia judicial y la relación económica con Estados Unidos.
Con una participación de entre 12% y 13%, los mexicanos eligieron el domingo a 2.680 funcionarios, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia, un caso único en el mundo.
Entre los miles de candidatos había antiguos abogados de la mafia, como Silvia Delgado, quien en 2016 asesoró al narcotraficante Joaquín «Chapo» Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Incertidumbre
Esas postulaciones alimentaron sospechas sobre la posible injerencia de políticos y criminales en el poder judicial.
Las preocupaciones alcanzan la vital relación con Estados Unidos de cara a la revisión del acuerdo comercial T-MEC, prevista para este año, según la firma británica Capital Economics.
La elección «puede complicar» estas negociaciones, advirtió la consultora, en medio de las presiones arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a México y Canadá.
En agosto pasado, cuando aún era senador, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, firmó una carta en la que el comité de relaciones exteriores advirtió que la reforma que dio origen a los comicios pondría en «peligro intereses económicos y de seguridad» bilaterales.
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Sin cambios a la vista
Las elecciones estuvieron signadas por la confusión ante la multiplicidad de boletas y extensas listas de aspirantes.
Algunos votantes conocieron a los candidatos por TikTok y decidieron su apoyo incluso tras contactarlos telefónicamente o por simple «intuición». Eso según testimonios obtenidos por AFP en Ciudad de México y Guadalajara (oeste).
El escaso conocimiento de los perfiles y dudas sobre la idoneidad de los aspirantes también generan incertidumbre. Además, algunos fallos podrían retrasarse pues los nuevos jueces recién asumirán funciones en septiembre.
«La justicia no va a cambiar de la noche a la mañana (…) Por el contrario, va a retrasarse todavía más en lo que se asignan los puestos», advierte Garza.
Pero también existe la posibilidad de que muchos funcionarios del actual poder judicial, que participaron en los comicios, conserven sus puestos.
