Este jueves, el exministro de Justicia Iván Lima cuestionó los delitos de sedición y terrorismo, los cuales, en su criterio, son “tan abiertos” que cualquier persona puede ser acusada de haberlos cometido.
Señaló que esto ocurrió en el caso Hotel Las Américas en 2009, en la crisis social de 2019 y en las manifestaciones del evismo en 2024.
“El caso llevado por terrorismo y otros delitos en contra de Humberto Claros, Ramiro Cucho y otros dirigentes sociales es manifiestamente inconstitucional porque, para acusarlos, se utiliza un delito cuestionado en su convencionalidad y porque al hacerlo se criminaliza la protesta social y la libertad de expresión”, explicó este jueves en su cuenta de X.
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Terrorismo
Claros y Cucho se encuentran detenidos por su participación en los más de 20 días de bloqueo, liderando a los seguidores del expresidente Evo Morales. Según el Gobierno, los dirigentes agredieron a los efectivos policiales y dañaron los bienes del Estado.
Tipificado en el artículo 133 del Código Penal, el delito de terrorismo establece una pena de hasta 20 años de cárcel.
De acuerdo con Lima, el delito de sedición ya fue declarado inconstitucional y se inició el proceso, en 2023, para cambiar ese tipo penal conforme a la Constitución.
Asimismo, el jurista recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sugirió al Gobierno “modificar el delito de terrorismo y financiamiento al terrorismo adecuando su texto a los Convenios Internacionales”, propuesta que fue aceptada por el presidente Luis Arce.
En ese sentido, cuestionó la detención de los dirigentes evistas por un delito que ha sido observado.
“La revisión de la imputación y las actuaciones realizadas me permiten afirmar que es un caso que debe ser analizado a la luz de la Convención y la Constitución, porque las acciones imputadas se basan en tipificaciones cuestionadas por el GIEI de la CIDH. Está en juego la fe del Estado”, afirmó.
De igual manera se refirió a Luis Fernando Camacho, acusado de terrorismo y detenido desde diciembre de 2022. Dijo que el gobernador cruceño presentó una “acción de inconstitucionalidad concreta en contra del delito de terrorismo”, que fue rechazada por el tribunal que se encarga del caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos previos a la renuncia del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019
Sin embargo, en este caso, las pruebas son más contundentes, debido a la participación activa de Camacho que él mismo confesó, cuando financió movilizaciones y lideró cabildos.
