Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz y detenido desde diciembre de 2022 en el penal de Chonchocoro, anunció este lunes que presentará demandas ante organismos internacionales contra funcionarios del gobierno de Luis Arce, el Ministerio Público y el Órgano Judicial por su «secuestro, detención ilegal y torturas».
A través de un comunicado difundido por su equipo jurídico, el líder político señaló que recurrirá a la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que en marzo declaró su privación de libertad como «arbitraria», para exigir su liberación inmediata.
«Iniciaré acciones para que se sancione penalmente a todos los funcionarios que participaron en mi secuestro el 28 de diciembre de 2022, mi detención preventiva ilegal y las violaciones a mis derechos humanos», afirmó en sus redes sociales.
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Camacho
Además, advirtió que cualquier juez o autoridad que insista en mantenerlo preso enfrentará «procesos internacionales» por «prevaricación y abuso de poder».
“Hago una invocación a las autoridades del Órgano Judicial para que se mantengan dentro de los marcos del derecho y el respeto a los derechos humanos. Es absolutamente claro que este caso va a generar procesos y sanciones internacionales”, indicó Camacho.
El Ministerio de Justicia anunció el pasado fin de semana que las recomendaciones de la ONU «no son vinculantes» y que Bolivia respeta la «independencia judicial».
Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó en 2023 otorgar medidas cautelares a Camacho por «falta de evidencia» y que informes internacionales vinculan al gobernador con los hechos de 2019, catalogados como «masacres» con 37 fallecidos en Senkata y Sacaba.
Camacho está procesado en el caso Golpe de Estado I por su rol en la crisis de 2019, cuando como presidente del Comité pro Santa Cruz impulsó protestas que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
El Gobierno afirma tener más de 200 pruebas que lo vinculan con financiamiento de movilizaciones y acuerdos con militares y policías, admitidos por el propio Camacho en un video.
Por ello, la Fiscalía lo acusa por terrorismo y alzamiento armado, delitos que podrían acarrear hasta 30 años de prisión.
