El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, descartó este viernes la aprehensión del experto en finanzas y precandidato presidencial Jaime Dunn, así como de otros civiles señalados por el exgeneral Juan José Zúñiga, líder de la asonada del 26 de junio de 2024, como parte de un supuesto «gabinete ministerial» en caso de consumarse el golpe de Estado.
La aclaración surgió luego de que el Gobierno presentara el jueves un documental, ‘¿Qué pasó el 26J?, en el que identifica a militares y civiles vinculados a la asonada militar.
“No hay mandamientos de aprehensión contra estas personas. Deben ser citadas a declarar para explicar por qué Zúñiga los incluyó en su lista, pero no hay indicios de su participación activa en los hechos”, afirmó Del Castillo en conferencia de prensa.
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Dunn
El ministro agregó que, según los informes de inteligencia, Dunn, precandidato de Acción Democrática Nacionalista (ADN), no tuvo injerencia en el complot, aunque insistió en que “la justicia boliviana evaluará sus declaraciones”.
Del Castillo aclaró los hechos luego de la detención de Jorge Valda, Marco Antonio Bracamonte (general en retiro) y Bismarck Imaña, este viernes, acusados de colaborar con Zúñiga en el operativo que presuntamente buscó derrocar al gobierno de Luis Arce.
Dunn, sin embargo, rechazó las acusaciones y denunció una “ola de persecución política” contra su persona. “Estoy dispuesto a declarar, pero exijo pruebas concretas, no especulaciones”, declaró el precandidato a los medios.
El documental difundido por el Gobierno reconstruye los preparativos, ejecución y consecuencias del fallido golpe, incluyendo nombres de civiles y militares supuestamente aliados de Zúñiga.
Si bien el material no muestra pruebas contundentes contra Dunn, sí expone comunicaciones en las que el exgeneral menciona su nombre como posible ministro de Economía en un gabinete paralelo.
Del Castillo aclaró que, hasta ahora, las pesquisas se centran en quienes “materializaron acciones violentas”, no en los “nombres escritos en un papel”.
Pidió calma a los involucrados indirectos. “Si no hay delito, no hay por qué temer. La justicia actúa con base en evidencias, no en suposiciones”, afirmó.
La oposición denuncia que se trata de una “nueva ola de persecución política” por parte del gobierno de Arce.
