Ante los recientes avances en la investigación del denominado caso Consorcio, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció este miércoles que se iniciarán auditorías a los procesos judiciales en los que estuvieron involucrados jueces y exvocales, ahora investigados, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Las exautoridades judiciales son investigadas por una presunta participación en un plan para sustituir, mediante un fallo judicial, a la magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, y reemplazarla con su suplente.
Asimismo, Baptista negó que el Consejo o su Presidencia hayan tenido participación en los hechos denunciados. “El Consejo de la Magistratura es garante de la independencia judicial. No permitiremos que se utilice el nombre de esta institución para justificar actos ilícitos”.
De acuerdo con la institución, la Magistratura acusó formalmente al juez de Coroico, Fernando Marcelo Lea Plaza, por el delito de prevaricato, tras emitir una resolución presuntamente irregular destinada a favorecer a un magistrado suplente.
La autoridad judicial indicó que la declaración ampliatoria fue la que derivó en una ampliación de la investigación por otros delitos como consorcio. Sin embargo, el presidente del Consejo fue enfático al aclarar que ninguna autoridad de la Magistratura participó o avaló tales actos.
“Se nos menciona en una declaración del juez, quien dice que otra vocal le habría asegurado que todo estaba hablado con el Consejo y otras instancias. Sin embargo, en la audiencia, esa vocal, ahora ex vocal Claudia Castro, no menciona en ningún momento al Consejo de la Magistratura, ni a sus miembros. Por eso solicitamos el acta legalizada de dicha audiencia para esclarecer esta contradicción”, puntualizó.
Baptista informó también que el juez de Coroico se encuentra suspendido y enfrenta un proceso disciplinario interno, además del proceso penal abierto por el Ministerio Público.
Respecto a la exvocal Claudia Castro, al expresidente del TDJ de La Paz Iván Córdova y el magistrado suplente Iván Campero, el presidente de esta máxima instancia del Órgano Judicial confirmó que presentaron sus renuncias, las cuales fueron aceptadas por las instancias correspondientes, y ya no ejercen funciones judiciales.
“No tenemos competencia ni información precisa sobre personas que no son funcionarios del Órgano Judicial, como abogados o exministros”, añadió, en referencia a otros implicados como el exministro de Justicia César Siles, actualmente con detención preventiva.
Baptista informó que el Consejo ordenará auditorías a los procesos judiciales en los que participaron jueces y vocales implicados en el caso.
“Si un juez actúa conforme a la ley y la Constitución, será protegido. Pero si permite interferencias y no las denuncia, será procesado y sancionado. Eso ha ocurrido en este caso”, afirmó.
Subrayó que la institución está dispuesta a coadyuvar con el Ministerio Público, pero aclaró que no tiene facultades penales. “No metemos a nadie a la cárcel, pero sí garantizamos que haya control disciplinario y auditorías judiciales rigurosas”.
