A poco de cumplirse un mes de los conflictos sociales en Cochabamba y Llallagua (Potosí) tras el bloqueo de caminos entre el 2 y el 16 de junio, la Defensoría del Pueblo presentó el informe preliminar “Situación de la Conflictividad en Bolivia-junio de 2025”.
El documento devela evidencias sobre ocho fallecidos, 173 heridos y 201 aprehendidos, producto de las jornadas de protesta en el país.
De acuerdo con el informe preliminar presentado este lunes por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, el conflicto surgió en el marco de la fecha límite para la inscripción de candidaturas para las elecciones generales. “Y como prolongación de una disputa interna del MAS-IPSP, con diferentes picos de intensidad”.
Según el documento, la profundización de la crisis económica en el país (escasez de combustible, falta de dólares, incremento de los precios de la canasta familiar e inflación) activó las protestas en diversos sectores sociales desde 2024 y se amplificaron en 2025.
Este hecho, sumado a “la intransigencia de actores políticos, agravó la conflictividad social. Generó además vulneraciones a los derechos humanos y en la economía nacional”, señaló Callisaya.
“La conflictividad ha tenido diferentes componentes. Por un lado, el clima electoral, la crisis económica y la intransigencia de los actores políticos. Pero, fundamentalmente hay una experiencia que no podemos reeditar, que es la vulneración de derechos. No se puede naturalizar el fallecimiento de ciudadanos bolivianos”, remarcó.
INFORMACIÓN PRELIMINAR
Tras la información preliminar recabada por la Defensoría del Pueblo, en los días de bloqueo, en el municipio de Llallagua (Potosí) y en Cochabamba, se reportó el fallecimiento de un total de ocho personas. Dos particulares, dos del sector movilizado y cuatro policías.
Callisaya resaltó las acciones defensoriales como la convocatoria a una mesa de concertación para lograr una tregua humanitaria en Llallagua. Asimismo, las gestiones para el traslado de efectivos heridos y la recuperación de cuerpos de los fallecidos, entre otros.
El informe evidencia que “se dieron situaciones de extrema violencia, particularmente en Cochabamba y Llallagua (Potosí). En estos escenarios de conflictividad”.
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En el seguimiento a las investigaciones, se conoce que el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), abrieron cinco procesos penales. Cuatro por el delito de asesinato y uno por el delito de homicidio.
Hasta el 4 de julio de 2025, tres se encontraban en etapa preliminar y dos en etapa preparatoria. El documento señala que entre los procesados siete son adolescentes.
De los 201 aprehendidos, 36 tienen detención preventiva y 32 con procesos penales abiertos por delitos como atentado a la seguridad, uso de explosivos, asesinato y tentativa de homicidio.
AGRESIONES A PERIODISTAS
Hay cuatro casos de agresiones a periodistas con amenazas, hostigamiento y robo de equipos; ocho casos de obstrucción a ambulancias y agresiones a personal médico (retenidos en Japo, Cochabamba).
También se menciona las agresiones a transportistas, sin alimentos, ni atención médica en las rutas bloqueadas; afectación a la economía con pérdidas millonarias en agricultura, ganadería, transporte, comercio y canasta familiar; y afectación al derecho a la educación con suspensión de clases en Betanzos y Llallagua.
Finalmente, la autoridad defensorial, desde Potosí llamó “a todos los actores políticos a que podamos afirmar un compromiso de respeto por los derechos humanos”.
Mencionó que el derecho a la protesta siempre va a estar protegido constitucionalmente, pero, enfatizó que existen límites para evitar la violencia. Además, que no afecte derechos de terceras personas, no impida el acceso a servicios básicos, “porque de lo contrario deslegitima cualquier petición que se quiera realizar”.
