Las delegaciones departamentales de la Defensoría del Pueblo comenzaron el seguimiento al Instructivo 19/2025 emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que dispone la organización de jornadas de verificación de los plazos procesales vinculados a medidas cautelares de detención preventiva en todo el país.
“Desde la Defensoría del Pueblo realizaremos el seguimiento al cumplimiento de dicho instructivo, que recoge las observaciones señaladas en distintos informes e intervenciones realizadas por nuestra institución como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”, afirmó la semana pasada el defensor Pedro Callisaya.
En una primera fase, las delegaciones departamentales y el propio Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) iniciaron el seguimiento al instructivo, en una primera instancia a través de la vía formal, mediante la remisión de notas a los Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ).
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Las nueve delegaciones defensoriales departamentales enviaron la semana pasada notas a sus respectivos tribunales departamentales de justicia solicitando información sobre la aplicación del instructivo y se encuentran a la espera de respuesta hasta el 2 de septiembre.
En el caso de Pando, la Delegación Defensorial participó en una reunión de coordinación convocada por el TDJ de ese departamento, con la presencia de jueces de Instrucción Penal, Ejecución Penal, Tribunales de Sentencia y del área rural, incluidos los de Gonzalo Moreno, El Sena y El Porvenir. Durante el encuentro, los jueces presentaron informes detallados sobre los procesos a su cargo.
Según informó la delegada defensorial de Pando, Cynthia Jordán, se determinó que todos los casos cuyos plazos estén vencidos o próximos a vencer tengan audiencias de control programadas con carácter prioritario. Aclaró, sin embargo, que la fijación de una audiencia no implica la liberación automática de las personas privadas de libertad, ya que cada caso será evaluado por la autoridad judicial correspondiente.
Callisaya recordó que, a junio de 2025, el 58,2% de las 33.274 personas privadas de libertad en Bolivia se encuentran en detención preventiva, a la espera de la revisión de sus procesos dentro de los plazos legales.
