La Dirección General de Régimen Penitenciario rechazó este martes las denuncias del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sobre presuntas represalias y cortes de agua durante su detención en la cárcel de Chonchocoro, en La Paz.
“Es importante aclarar que, durante su detención, organismos internacionales encargados de la defensa de los derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), realizaron visitas al Centro Penitenciario de Chonchocoro”, señaló un comunicado institucional.
Las declaraciones surgen luego de que Camacho denunciara que le llegaron a cortar el agua hasta cinco días, como una forma de “tortura psicológica” durante su detención en Chonchocoro.
El Gobernador relató además que permanecía 24 horas en su celda con una hora de sol, que estuvo 17 meses sin recibir vistas y que llegó a descubrir una cámara oculta en su habitación.
“Llegaron a cortarme el agua hasta cinco días. Nunca reclamé, tenía bidones de agua en mi celda y lo regulaba, pero darles gusto a ellos (Régimen Penitenciario) porque me cortan el agua, no lo hice”, dijo.
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En respuesta, Régimen Penitenciario aseguró que los organismos internacionales recomendaron al Estado boliviano mantener las medidas que garanticen condiciones dignas de detención y confirmaron el cumplimiento de estándares internacionales.
Asimismo, recordó que instituciones nacionales como la Defensoría del Pueblo realizaron visitas regulares a los recintos penitenciarios y no recibieron ningún informe ni se registró quejas sobre interrupciones en los servicios básicos o tratos diferenciados.
“El suministro de agua y los servicios básicos se gestionan de manera colectiva para toda la población privada de libertad, sin distinciones ni tratos diferenciados. Rechazamos las afirmaciones del ciudadano Luis Fernando Camacho sobre supuestos cortes de agua y represalias en el Centro Penitenciario de Chonchocoro, las cuales carecen de fundamento y tienen un trasfondo político”, indicó la entidad.
Régimen Penitenciario condenó “enfáticamente” la utilización política de su gestión y reafirmó que todas las acciones en los recintos penitenciarios se realizan conforme a la normativa legal vigente y con un respeto absoluto a los derechos humanos.
