La Fiscalía Departamental de Chuquisaca remitió este miércoles a la Asamblea Legislativa la denuncia presentada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, contra los magistrados ‘autoprorrogados’ del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
De acuerdo con la autoridad, será el Legislativo el que evalúe si corresponde iniciar un juicio de responsabilidades por la prórroga de su mandato.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que la comisión especial de la Fiscalía Departamental, tras analizar antecedentes de otras decisiones fiscales, jurisdiccionales y de la propia Asamblea, resolvió remitir la denuncia a la Presidencia de la Cámara de Diputados, en aplicación de la Ley 044 de juicio de responsabilidades.
“Conforme a los autos de vista emanados por el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en una de sus salas penales, se ha determinado la incompetencia de la vía ordinaria para procesar a estas autoridades, en este caso del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia”, explicó Mariaca.
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La denuncia contra los prorrogados fue presentada el martes por el titular del TSJ por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución.
Saucedo interpuso la denuncia ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, que debía responder su aceptación o rechazo en un plazo de 24 horas, el cual vencía la tarde de este miércoles.
En el documento, se acusa a los magistrados Gonzalo Miguel Hurtado, René Yvan Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo de haber extendido su mandato de forma ilegal, pese a que el periodo constitucional concluyó el 31 de diciembre de 2023, tras seis años de gestión.
Mariaca reiteró que la fiscal asignada al caso, en cumplimiento del procedimiento y del criterio establecido por la sala penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, remitió la denuncia a la Asamblea para que sea esta instancia la que defina si se abre un proceso contra los magistrados denunciados, conforme a lo establecido en la Constitución.
