El líder de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, criticó este jueves la designación del empresario agroindustrial Branko Marinkovic como presidente de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, al considerar que existe un evidente conflicto de intereses.
Marinkovic, uno de los empresarios más influyentes del oriente boliviano, obtuvo su curul por la alianza Libre y fue elegido esta jornada para dirigir la comisión que tiene bajo su responsabilidad el análisis legislativo en temas ambientales, de recursos naturales y tierras.
Para Doria Medina, esta designación coloca al Senado en una posición cuestionable. “Siempre he estado en contra de que los gatos cuiden la alacena. Evitar conflictos de intereses es un elemental cuidado democrático, que sirve para darle credibilidad al sistema político y legitimidad a las decisiones que tomen las autoridades”, señaló en sus redes sociales.
Marinkovic
Sin mencionar directamente a Marinkovic, el líder opositor calificó la designación como “un error de esta Cámara (de Senadores) y en particular de la fuerza política que lo puso allí”.
Doria Medina recordó que la Comisión de Medio Ambiente debe actuar como ente fiscalizador y protector de los ecosistemas, función que, advirtió, podría verse comprometida si quien la lidera proviene de un sector históricamente asociado a la expansión agrícola y al uso intensivo del territorio.
Marinkovic, por su parte, sostiene desde hace años que el modelo productivo cruceño requiere seguridad jurídica, reglas claras y políticas que permitan ampliar la frontera agrícola de forma sostenible.
Sin embargo, las críticas también surgieron de otros sectores ambientalistas que recordaron el rol del exministro de Economía.
En abril de 2024, se conoció que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) falló a favor de la familia Marinkovic, concediéndole el derecho propietario sobre 34.000 hectáreas de tierra en dos predios en Santa Cruz, aunque posteriormente el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) limitó el derecho a menos de 6.000 hectáreas.
