Las tensiones internas en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) siguen escalando, luego de que dos magistradas electas en 2024 presentaran una denuncia penal por falsedad ideológica contra los cinco magistrados que permanecen en funciones desde diciembre de 2023 mediante prórrogas cuestionadas.
La magistrada Verónica Prudencio, una de las denunciantes, informó que la acción penal, firmada por ella y por su colega Amalia Laura Villca, fue presentada tras la emisión del Auto Constitucional 070/2025, fechado el 31 de octubre, mediante el cual los magistrados “autoprorrogados” habilitaron una tercera extensión de mandato.
“Una vez más, a partir de la emisión de un auto, los cinco ciudadanos autoprorrogados están autoprorrogándose por tercera vez”, criticó Prudencio, quien señaló que el documento se aprobó en “completo hermetismo”, sin que los cuatro magistrados elegidos en 2024 fueran informados ni convocados.
Magistrados
Prudencio denunció que la resolución fue tramitada y suscrita únicamente por los magistrados Gonzalo Hurtado, René Espada, Isidora Jiménez, Karen Gallardo y Julia Cornejo, quienes permanecen en sus cargos desde diciembre de 2023 amparados en la Declaración Constitucional 0049/2023.
“Hicieron pasar el auto como si no hubiéramos emitido ningún criterio, cuando hemos desconocido la tramitación de esa resolución”, afirmó.
Según la denuncia, la Secretaría General del TCP justificó la exclusión de los magistrados electos argumentando que no participaron en las decisiones previas relacionadas con las prórrogas, una explicación que Prudencio calificó de irregular y contraria al funcionamiento de la Sala Plena, compuesta por nueve miembros.
El Auto 070/2025 establece que los magistrados prorrogados no dejarán sus cargos hasta que se convoque a nuevas elecciones y asuman sus sucesores, lo que, según Prudencio, bloquea la facultad de la Asamblea Legislativa para cesar funciones y viabilizar los comicios judiciales.
La magistrada recordó que el TCP ya cuenta con cuatro miembros titulares electos en 2024 —Paola Prudencio, Amalia Laura Villca, Boris Arias y Ángel Dávalos—, por lo que no existe impedimento para restituir la normalidad institucional mientras se organiza la renovación total de autoridades.
Sin embargo, la decisión final recae en la sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, donde los “prorrogados” se imponen 5-4, por lo que los magistrados electos consideran que están atados de manos.
