Tras el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que reporta un incremento del 10% en los cultivos de hoja de coca durante 2024, el canciller Fernando Aramayo informó este lunes que el presidente Paz Pereira instruyó a su gabinete a poner fin a dos décadas de lo que calificó como un “narcoestado”, caracterizado por un aislamiento internacional funcional que habría facilitado actividades ilícitas.
“El presidente Paz Pereira nos ha encomendado, como miembros de su gabinete, romper con 20 años de un narcoestado que, según los datos presentados, se sostuvo mediante un aislamiento conveniente para llevar adelante actividades ilícitas”, afirmó Aramayo durante la presentación del informe en la Cancillería.
Según el informe de la UNODC, los cultivos de coca en el país alcanzaron de 31.000 a 34.000 hectáreas en la gestión pasada, lo que representa un incremento del 10%.
Mónica Mendoza, representante del organismo en Bolivia, señaló que este incremento se registró en dos de las tres zonas de producción, como ser: Sud y Nor Yungas de La Paz y el Trópico de Cochabamba. En contraste, en la región del norte de La Paz hubo una disminución durante la gestión pasada.
El canciller destacó que los datos del informe son “elementos sustantivos” para comprender la magnitud del desafío que enfrenta Bolivia en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, y subrayó que el Gobierno busca traducir esta evidencia en políticas públicas de corto plazo.
Aramayo alertó sobre el crecimiento acelerado de los cultivos de coca en algunas regiones y su potencial destinado a la producción de cocaína, cifras que, según dijo, reflejan una economía ilícita de gran escala con impacto regional e internacional.
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“El incremento del 141% de cultivos de coca en ciertas zonas, con 223 toneladas métricas destinadas a la producción de cocaína, frente a las 32 toneladas métricas de 2004, y un mercado mayoritariamente dirigido a la Unión Europea a un costo promedio de 90.000 dólares el kilo, representa una economía ilícita de cerca de 2.000 millones de dólares anuales, lo que evidencia la magnitud del desafío que enfrentamos”, detalló.
El canciller advirtió que varios países de la región no lograron frenar la penetración del crimen organizado en sus estructuras políticas y de gobierno, escenario que Bolivia busca evitar.
Asimismo, destacó la coordinación con el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, para implementar de manera inmediata las acciones prioritarias que plantea el informe. Aramayo agradeció también a la UNODC y a la Unión Europea por facilitar información estratégica que será clave para las decisiones del Gobierno.
Aramayo subrayó que el Estado pretende salir de los “circuitos de gobernanza criminalizada” que derivaron en observaciones internacionales y en la inclusión de Bolivia en listas de riesgo, y enfatizó la necesidad de asumir con seriedad las recomendaciones del informe para enfrentar el fenómeno de manera integral en los territorios.
“La lucha contra las economías ilícitas requiere una acción coordinada entre distintas carteras del Estado y cooperación internacional, tanto regional como multilateral. No podemos avanzar de manera aislada; necesitamos colaboración de otros países y organismos, e innovar tomando ejemplos de otros países, como la creación de una fuerza especial de lucha contra la corrupción que colabore en la lucha contra el crimen organizado”, señaló.
