El abogado Frank Campero advirtió este miércoles que se iniciará un proceso penal por incumplimiento de resoluciones constitucionales si la Asamblea Legislativa no aprueba una ley las acefalías en el Órgano Judicial.
La advertencia se conoce luego de una acción popular resuelta el pasado 4 de diciembre, que otorgó un plazo de 10 días al Órgano Legislativo para aprobar una ley que convoque a elecciones.
Según Campero, la resolución constitucional ordenaba de manera expresa legislar para completar las acefalías en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y normalizar su funcionamiento institucional.
“Hasta la fecha, han incumplido. Hasta el día de hoy, que nos encontramos a 15 de enero, lastimosamente el Órgano Legislativo ha incumplido esta situación”, afirmó el jurista.
Proceso
Así, se refirió a las elecciones judiciales parciales del 15 de diciembre de 2024, cuando no se completó la conformación de los tribunales máximos, ya que el TCP quedó con solo cuatro de sus nueve magistrados electos, debido a que cinco magistrados prorrogaron su mandato. De igual forma, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también tuvo el mismo percance con dos magistrados.
El abogado cuestionó duramente el rol actual de la Asamblea Legislativa y sostuvo que no está ejerciendo sus atribuciones constitucionales en un tema considerado prioritario para el Estado.
Campero señaló que este miércoles se presentaron tres memoriales formales exigiendo el cumplimiento inmediato de la resolución constitucional emitida por la sala correspondiente.
Magistrados
Indicó que los documentos fueron presentados por Rafael ‘Tata’ Quispe, en representación de ciudadanos que impulsaron la acción popular ante la Justicia “En caso contrario, nuevamente se abrirá un proceso penal por incumplimiento a resoluciones constitucionales”, advirtió Campero sobre las consecuencias legales.
Por su parte, Quispe ratificó que el plazo establecido por la sentencia ya fue ampliamente superado sin que exista una respuesta legislativa concreta. “Si es que en el transcurso de la semana no realizan el tratamiento de esa ley, lastimosamente vamos a tener que presentar (la denuncia) al Ministerio Público”, afirmó.
Remarcó que la resolución es clara y no admite interpretaciones discrecionales ni postergaciones políticas dentro del Órgano Legislativo. “La sentencia dice 10 días. No dice cuando usted quiera o vaya a hacer”, enfatizó al referirse al mandato judicial incumplido.
Quispe
El exlegislador sostuvo que desobedecer una sentencia constitucional constituye un delito tipificado y genera responsabilidades penales personales para las autoridades involucradas.
Ambos advirtieron que, de persistir el incumplimiento, acudirán a instancias penales para exigir responsabilidades por vulnerar el orden constitucional vigente.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la crisis institucional del Órgano Judicial y la demora legislativa en viabilizar su recomposición mediante elecciones.
