La marcha campesina impulsada por organizaciones del norte amazónico, principalmente de Pando y Beni, avanza hacia la ciudad de La Paz en rechazo a la Ley 1720, cuya promulgación fue oficializada el 13 de abril mediante su publicación en la Gaceta Oficial.
“La presente Ley tiene por objeto autorizar al Instituto Nacional de Reforma Agraria –INRA, a realizar la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana”, dice el documento.
La movilización, liderada por el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Víctor Hugo Roca, junto a dirigentes de la Federación Campesina de Pando, partió desde ese departamento y ya cumple su séptimo día de caminata.
Asimismo, la marcha sumó a campesinos provenientes del departamento del Beni, quienes se unieron a la demanda de abrogación de la Ley 1720, norma que beneficiaría a empresas privadas en desmedro de las comunidades campesinas.
Los movilizados sostienen que la ley permitiría la titulación de grandes extensiones de tierra, lo cual abriría la posibilidad de que actores privados se apropien de territorios tradicionalmente ocupados por comunidades rurales.
“Los barraqueros van a querer aprovechar para apropiarse de 5.000 a 10.000 hectáreas y afectar parcelas”, manifestó uno de los participantes de la marcha.
Los dirigentes advirtieron que no retrocederán en su medida de presión hasta lograr la anulación de la normativa, ya que, en su criterio, representa una amenaza directa a la propiedad colectiva y al acceso equitativo de los Recursos de Uso Común.
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz afirmó que la legislación no afecta territorios comunales ni áreas protegidas, y que su objetivo es dinamizar el acceso al crédito en el área rural.
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“Es para que el área rural tenga crédito y no dependa de grandes empresarios. No afecta reservorios ni tierra comunal”, dijo en diálogo con los medios de comunicación.
Consultado sobre su opinión acerca de la marcha, aseguró que el Gobierno explicará los alcances y las implicancias de la norma. “Solo es cuestión de explicar que es voluntario. No afecta territorios indígenas, no los toca para nada”.
Según el mandatario, la ley busca que pequeños productores puedan acceder a financiamiento sin depender de empresarios y, de ese modo, promover el emprendimiento individual en el campo.
Asimismo, aseguró que la norma es de carácter voluntario y que se encuentra enmarcada dentro de la Constitución, por lo que no implicaría vulneraciones a derechos colectivos.
