La marcha de sectores campesinos que partió de Pando hacia La Paz la anterior semana se ha consolidado como una expresión de resistencia territorial contra la Ley 1720. Yeris Galindo, ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de Pando, explicó que el objetivo central es la abrogación de la norma, a la que consideran perjudicial para las comunidades campesinas.
Según Galindo, esa ley abre la posibilidad a que propietarios privados soliciten hasta 10.000 hectáreas, lo que podría superponerse con territorios habitados por comunidades que llevan más de una década asentadas sin título formal. “En Pando tenemos más de 600 comunidades con solicitud de dotación de tierra ante el INRA, y esta norma amenaza con desplazar a familias que ya cuentan con inversión estatal en infraestructura”, señaló en entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
El dirigente cuestionó que la norma haya sido aprobada sin consenso ni socialización.
“El presidente promulgó la ley en un evento empresarial, ignorando que no se había discutido con las bases campesinas. Eso es una burla hacia nuestro sector”, afirmó.
Galindo también denunció que el gobierno difunde información falsa sobre supuestos acuerdos con sectores movilizados del Beni. “Dicen que la provincia Vaca Díez (Beni) firmó un acuerdo, pero sus ejecutivos desmintieron esa versión y siguen acompañando la marcha. El gobierno está mintiendo al pueblo boliviano”, aseguró.
La marcha enfrenta dificultades por las lluvias, el desgaste físico y problemas de salud de los participantes, pero se mantiene firme en su rumbo hacia La Paz. “No tenemos fecha exacta de llegada, pero seguimos con la frente en alto y con un único objetivo, la anulación de la ley”, expresó.
El dirigente advirtió que la norma podría reactivar tensiones históricas en la Amazonía, al favorecer a los llamados barraqueros, grandes propietarios que controlan miles de hectáreas desde la época de la goma. “Ellos ya están armando carpetas para ampliar sus territorios, lo que puede derivar en enfrentamientos con comunidades campesinas”, alertó.
Galindo destacó el apoyo recibido en municipios de Beni, como Rurrenabaque, Reyes y Santa Rosa, donde pobladores los recibieron con alimentos y refugio. “Ese calor humano nos da fuerza para seguir en esta lucha, que no es solo de Pando, sino nacional”, dijo.
Finalmente, reiteró que el pliego de la movilización es claro: la abrogación de la Ley 1720. “No aceptamos modificaciones ni reglamentaciones, exigimos su anulación porque favorece al empresariado y amenaza la vida de nuestras comunidades”, concluyó.
