El Estado boliviano respondió este miércoles al pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la crisis social que atraviesa el país y defendió las medidas adoptadas por las instituciones públicas para garantizar el abastecimiento, la atención médica y la libre circulación de la población.
En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno señaló que tomó conocimiento del informe emitido por la CIDH y ratificó su compromiso con la protección de los derechos humanos y el respeto al orden constitucional.
El martes, la CIDH advirtió que la crisis social que atraviesa Bolivia ya tiene “graves” impactos sobre los derechos humanos de la población. El organismo señaló que los bloqueos y protestas registrados desde inicios de mayo provocaron problemas de abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos y oxígeno, además de dejar al menos siete fallecidos, decenas de heridos y centenares de personas arrestadas.
Al respecto, la Cancillería destacó que el organismo internacional reconoció los efectos que los bloqueos prolongados tienen sobre derechos fundamentales, especialmente en el acceso a alimentos, combustibles, medicamentos y servicios esenciales.
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En esa línea, argumentó que cualquier evaluación sobre la crisis debe considerar también las consecuencias humanitarias que dejaron más de un mes de interrupciones en las carreteras del país.
El comunicado ratifica que el Estado reconoce el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión, aunque advierte que estas garantías no pueden derivar en acciones que afecten de manera desproporcionada a terceros ni en hechos de violencia incompatibles con el Estado de Derecho.
El Gobierno expresó preocupación por los episodios de violencia registrados durante las movilizaciones y mencionó afectaciones a sectores vulnerables, personal médico, periodistas, transportistas y ciudadanos que no participan de las protestas. También cuestionó el uso de dinamita y otros materiales explosivos en puntos de bloqueo, al considerar que representan un riesgo para la vida y la seguridad de la población.
En el documento, el Estado aseguró que el Ministerio Público y las autoridades competentes desarrollan investigaciones para esclarecer los hechos de violencia ocurridos durante el conflicto, identificar responsabilidades y garantizar el acceso a la justicia con respeto al debido proceso.
La Cancillería afirmó que Bolivia mantendrá la cooperación con la CIDH y los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además, reiteró que la solución al conflicto pasa por el diálogo, la concertación democrática y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales.
