Las evaluaciones en el ámbito educativo, por sí solas, no tienen la capacidad de transformar la realidad ni de resolver los problemas de los sistemas educativos. Son instrumentos valiosos, pero su impacto queda limitado a un ejercicio técnico si no se articulan a un marco estratégico de intervención del Estado y la sociedad. Por ello podemos afirmar que las políticas educativas son las que dan sentido a las evaluaciones.
En un esfuerzo importante, para determinar el estado de situación del sistema educativo boliviano, el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE) dependiente, en la actualidad, del Ministerio de Planificación del Desarrollo, ha publicado cuatro documentos titulados: “Análisis del diagnóstico preliminar de secundaria 2023”.
Los principales resultados expuestos por el OPCE muestran una compleja problemática en las áreas de Matemáticas-Física-Química, Comunicación y lenguajes -Lectura y Escritura, así como el Área de Valores. Adicionalmente, el Observatorio presenta el documento “Desigualdad en el desempeño escolar en Bolivia”, en el que expone los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica aplicada el 2017, en torno a los factores condicionantes del rendimiento escolar.
La información obtenida con carácter preliminar, toda vez que la prueba final se realizará este año y cuyos resultados se conocerán recién el 2026, permite observar la crítica situación educativa, con resultados alarmantes en la mayoría de los casos; pero, además, ratificando tendencias históricas de desigualdad en función de condiciones socioeconómicas, culturales y geográficos.
A partir de los resultados del OPCE, los enfoques y posicionamientos son diversos. Algunos identifican el origen de los problemas en el Modelo Educativo Socio Comunitario; otros, en la labor docente o en la ausencia de políticas claras de parte del ministerio de Educación; no faltan los que cuestionan la labor sindical en el magisterio. En fin, son procesos históricos acumulados, traducidos en brechas educativas que mantienen latentes la injusticia de las desigualdades.
Las brechas identificadas demandan la implementación inmediata de políticas públicas, a fin de desarrollar estrategias a corto, mediano y largo plazo. Estas políticas deben estar alineadas con la participación y el compromiso de toda la sociedad, de manera que se conviertan en políticas de Estado en materia educativa.
Las políticas de alfabetización, reducción del abandono escolar, democratización del acceso educativo y otras implementadas a partir de 2006 fueron consolidadas como políticas educativas de Estado gracias a la participación de los actores educativos, el compromiso de los diversos niveles de gobierno y la decisión del presidente Evo Morales de impulsar y promover su implementación.
Pero, como se sabe, toda planificación estratégica requiere tomar en cuenta los contextos, condiciones, perspectivas y coyunturas para hacer viable las acciones del Estado, caso contrario queda, como muchos otros procesos de planificación en la historia de Bolivia, como un manto de propuestas frustradas, formuladas electoralmente o diseñadas de manera improvisada.
En definitiva, las evaluaciones son un instrumento poderoso, pero su potencial solo se materializa cuando se articulan con políticas educativas coherentes, realistas, integrales, de compromiso social y con voluntad política. Sin esta conexión, las evaluaciones se convierten en ejercicios estériles, incapaces de generar un impacto real en la calidad de la educación y solución de las problemáticas educativas.
Los resultados del OPCE sin una articulación con el diseño de políticas educativas, quedarán nuevamente reducidos a esfuerzos técnicos y discursos coyunturales. Este riesgo queda latente en este año electoral, donde el gobierno reduce sus posibilidades de acción por efecto de la pérdida de confianza de la sociedad, por los debates electorales que tienden a cuestionar toda propuesta gubernamental o por los fracasos institucionales, como es el caso del inconcluso congreso educativo, cuyos resultados son desconocidos hasta la fecha.
Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación.
