Bolivia enfrenta hoy una de las coyunturas electorales más inciertas de su historia democrática reciente. A menos de tres meses de las Elecciones Generales, el proceso se encuentra atrapado en una preocupante y creciente espiral de inseguridad jurídica y debilitamiento institucional que amenaza no solo su integridad, sino también la legitimidad futura de sus resultados.
Hace poco más de diez días, el país conoció las candidaturas inscritas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), hito que otrora consolidaba casi de manera definitiva el menú electoral del cuál se elegiría un nuevo gobierno. Sin embargo, en cuestión de días, decisiones judiciales cambiaron drásticamente el tablero: con la orden de revisión de un fallo que había dejado sin personería al Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol); y otra resolución judicial que determinó que una de las organizaciones ya habilitadas por el TSE, Movimiento Tercer Sistema (MTS), podría no participar en esta elección.
Se sabe que, en estas horas, el TSE decide el impacto material de estas resoluciones. No obstante, al día de hoy, está más que claro que si el mapa de candidaturas llega a reconfigurarse será a partir de decisiones judiciales y este escenario es, cuando menos, inédito. Nunca antes en democracia habíamos presenciado un proceso electoral tan intervenido por la justicia constitucional, al punto de amenazar con vaciar de contenido la función jurisdiccional electoral.
El resultado concreto en la ciudadanía que observa absorta es una sensación generalizada de incertidumbre y creciente desconfianza. Pero el daño más profundo —y probablemente ya irreversible— es a la integridad electoral de las elecciones. ¿Cómo garantizar la aceptación y sostenimiento de los resultados del proceso si su propio desarrollo está marcado por decisiones extemporáneas que sólo apuntan a seguir abriendo más de estos escenarios (impugnaciones, recusaciones, amparos, instancias internacionales, entre otros)?
No se puede obviar el antecedente de las elecciones anuladas en 2019: el trauma institucional de ese momento aún persiste en nuestra memoria colectiva y la forma en que hoy se conducen las decisiones electorales no hace más que avivar fantasmas pasados que demasiados operadores políticos se empeñan en mantener vigentes.
Lastimosamente, este contexto también está poniendo en evidencia la debilidad estructural del TSE, que, pese a ser uno de los últimos refugios de institucionalidad democrática de acuerdo con los estudios de opinión que miden confianza institucional, hoy aparece rebasado, bastante desautorizado y con su accionar sujeto a intervenciones externas y amenazas. La advertencia que se hacía desde 2024 sobre la creciente injerencia del TCP en asuntos electorales no solo se ha confirmado: se ha profundizado hasta el extremo de poner ya el resultado de las urnas bajo asedio.
Pero también hay responsabilidades políticas. La judicialización del proceso no sería posible sin altas dirigencias partidarias, mandos medios y tontos útiles que lejos de respetar reglas del juego mínimas, parecen dispuestas a torcerlas según sus conveniencias coyunturales, golpeando la integridad del proceso electoral a su paso y erosionando la democracia a la larga. Todos estos actores, con nombre y apellido, parecen ser el resultado mejorado y corregido de un hito fundacional de este descalabro institucional: la desobediencia de Evo Morales al resultado del referendo de 2016.
Lo que está en juego en estas elecciones ya no es solo quién gobernará el país, sino si cuán profundo será el cráter del que tocará rescatar la institucionalidad democrática, sistema de partidos incluido. De ideologías, calidad de candidaturas a la Asamblea y/o propuestas (esas “nimiedades”) se hablará en adelante cuando se levante el telón de incertidumbre, si es que acaso eso llegara a ocurrir hasta el día de la votación.
(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Red social X: @verokamchatka
