El DS 21060 del 29 de agosto de 1985 fue el arma con que se destruyó el Estado Social de Derecho, para imponer un régimen regido por la oferta y la demanda, reduciendo el Estado a un rol de árbitro en las disputas del mercado. Esto significó en los hechos la renuncia a la planificación del futuro del país, poniendo a disposición del capital transnacional nuestros recursos naturales, eternizando nuestra condición de país proveedor de materias primas a la metrópoli y, con la flexibilización laboral, la explotación del obrero.
Desmontar el Estado del 52 no fue nada fácil; la Constitución de 1967, que resumía el espíritu del nacionalismo-revolucionario, fue el muro en que se estrellaron; tuvieron que hacer modificaciones constitucionales para enajenar el patrimonio nacional, así la ley de minería, que ponía fin a la empresa estatal COMIBOL como productora, se promulgó recién en 1997. Mientras tanto, se actuó contra la norma para despedazarla y ahogar la protesta popular, con sucesivos estados de sitio. Los resultados de esta ley, que ponía a disposición total los recursos mineros, siendo sujeto de garantía bancaria y herencia; les liberaba del pago de regalías; la imposición de la flexibilización laboral, etc., recién vio sus frutos el 2007, mientras se impulsaba el sálvese quien pueda, alentando a las cooperativas, empujadas a la informalidad y reducidas a un trabajo artesanal.
El efecto del 21060 fue paliar las consecuencias del proceso inflacionario, engendrado en los gobiernos militares y cuyo clímax se dio en el gobierno de Siles Zuazo. La reducción de gastos se dio con el despido masivo de trabajadores y cierre de las empresas, no sólo del sector estatal, sino también privado, sobre todo mineros y fabriles; para paliar el costo social se tuvo que recurrir al financiamiento externo y pignorar el patrimonio nacional. Al final, el 2004, el presidente de ese entonces declaraba que había que mendigar para pagar sueldos, confirmando el fracaso del modelo neoliberal. Si bien se había logrado desarrollar el sector agroindustrial y de los hidrocarburos, la contribución tributaria era mínima; en medio de la libre exportación de capitales, el Estado no tenía para solventar las necesidades de las que no puede desligarse, como la educación, la salud y la seguridad interna y externa, llevando a los municipios a la sobrevivencia, a costa de aumentar la carga tributaria al conjunto de la población.
Hoy, se escucha la reedición de los planteamientos del siglo pasado, sin tomar en cuenta los cambios producidos en el país a partir de un modelo económico que privilegia el desarrollo del mercado interno y la redistribución de la riqueza, que ha logrado duplicar el producto interno bruto y triplicar las exportaciones. El modelo actual olvidó algo elemental en su planteamiento: el control de las divisas. Así el 21060 señalaba: Artículo 5°.- Se mantiene el régimen de venta obligatoria al Estado, del cien por ciento (100%) de las divisas provenientes de la exportación de bienes y servicios, de los sectores públicos y privados, con la única deducción de los gastos de realización o tratamiento efectuados en moneda extranjera. Hoy cuando más exportamos, menos dólares tenemos; esto debido a que, por intereses personales, Gonzalo Sánchez de Lozada anuló dicho artículo, provocando la crisis del 2003 y la de hoy.
Cuando la crisis se caracteriza por la no disponibilidad de dólares, todos esperan que sea el Estado que los genere, cuando hace rato ha dejado de ser el principal exportador. Hoy con creces ocupa este lugar el sector privado, beneficiado por subvenciones, liberación de impuestos, mercados regionales sin gravamen aduanero, infraestructura productiva; pero renuente a contribuir a la economía nacional, ingresando sus dólares para satisfacer sus necesidades y las del país.
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero
