La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión en las relaciones hemisféricas y en la propia historia de Venezuela. Estados Unidos ejecutó un operativo militar sobre territorio venezolano que, según Washington, culminó con la captura y traslado fuera del país del presidente Nicolás Maduro y su esposa, bajo cargos de “narcoterrorismo”. Esta acción —la más directa y agresiva desde la invasión de Panamá en 1989— ha desatado una tormenta diplomática, política y jurídica cuyos efectos se sentirán durante años en toda América Latina.
La raíz de esta crisis se remonta más atrás que los recientes acontecimientos. Desde la restitución de Donald Trump en la Casa Blanca en 2025, la política estadounidense hacia Venezuela se endureció considerablemente, combinando sanciones económicas, medidas financieras dirigidas al sector petrolero y operaciones militares limitadas bajo el eufemismo de “lucha contra el narcotráfico”.
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La presencia de grupos criminales vinculados a redes de narcotráfico, como el Tren de Aragua o el denominado Cártel de los Soles, ha sido utilizada por Washington para justificar su presión, pero también ha nutrido narrativas de amenaza que el gobierno venezolano ha denunciado como pretextos para una intervención encubierta.
Desde la óptica del derecho internacional, la acción militar directa contra un Estado soberano sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU constituye, en principio, una violación del principio de no intervención consagrado en la Carta de Naciones Unidas. El uso de la fuerza solo está permitido en casos de legítima defensa o con autorización explícita de la ONU. El operativo de Estados Unidos difícilmente encaja en estas excepciones, y más bien evoca debates clásicos sobre intervenciones humanitarias vs. intereses estratégicos.
Esta acción refuerza preocupaciones de una interpretación expansiva del concepto de “responsabilidad de proteger”, que en teoría busca justificar intervenciones para prevenir genocidio o crímenes de lesa humanidad, pero que en la práctica queda vulnerable a instrumentalizaciones geopolíticas. Sin un claro mandato multilateral, la legitimidad jurídica de la intervención de EE. UU. queda seriamente cuestionada.
En el terreno venezolano, la intervención ha desatado una crisis política interna de enorme magnitud. El gobierno todavía vigente —según Caracas— denunció una “agresión militar gravísima”, declaró estado de emergencia y movilizó a sus fuerzas, enfatizando la narrativa de soberanía atacada.
La situación humanitaria, ya crítica antes de este suceso, corre el riesgo de deteriorarse aún más: desplazamientos masivos, vacíos de poder y fracturas internas pueden generar olas de refugiados que presionen aún más a países vecinos como Colombia y Brasil.
La reacción regional es polarizada. Gobiernos como el de Argentina han expresado apoyo a la acción estadounidense, interpretándola como un paso hacia la liberación de Venezuela del autoritarismo. Por el contrario, países como Cuba, y sectores importantes de Colombia y México, condenan la operación como una violación de la soberanía y un retroceso histórico en la integración latinoamericana.
Este episodio obliga a América Latina a replantear su rol geopolítico: ¿será un continente subordinado a las agendas de potencias extrarregionales, o consolidará mecanismos autónomos de prevención de conflictos y resolución pacífica? Las instituciones regionales como la OEA, la CELAC y la ONU enfrentan ahora un desafío para mediar y evitar una desestabilización prolongada.
Si bien algunos analistas predicen que la caída de Maduro podría abrir una ventana para una transición democrática, la historia regional ofrece advertencias: las intervenciones militares extranjeras rara vez garantizan estabilidad duradera ni sociedades más justas. Sin una estrategia de reconstrucción socioeconómica inclusiva y la restauración de la legitimidad de las instituciones venezolanas, cualquier “cambio de régimen” corre el riesgo de convertirse en una ocupación prolongada o en una espiral de violencia.
En el ámbito del derecho internacional, este acontecimiento será citado en debates académicos y diplomáticos sobre los límites del uso de la fuerza, la protección de derechos humanos y la soberanía estatal. En América Latina, la sombra de esta intervención persistirá, obligando a gobiernos y movimientos sociales a reflexionar sobre cómo balancear la lucha contra regímenes autoritarios con el respeto a los principios fundamentales que rigen la convivencia entre naciones.
La intervención de Estados Unidos en Venezuela no es un evento aislado, sino la culminación de años de tensiones, sanciones y políticas coercitivas que se han transformado en una crisis de proporciones históricas. El mundo observa, y América Latina se enfrenta al reto de responder con firmeza a la vez que con prudencia, abogando por soluciones pacíficas y multilatérales, respetuosas tanto del derecho internacional como de la autodeterminación de los pueblos. El legado de este momento trascenderá las fronteras venezolanas y redefinirá las reglas de juego de la política regional en la próxima década.
(*) Ricardo Paz Ballivián es sociólogo
