Las políticas macroeconómicas de un gobierno nunca son neutrales ni equitativas, siempre generan ganadores y perdedores, es decir, sectores que se benefician de su implementación y otros que terminan asumiendo los costos. En este sentido, las primeras acciones del gobierno de Rodrigo Paz se orientaron a favorecer a los grupos empresariales con mayor capacidad económica. La eliminación de impuestos como el Impuesto a las Grandes Fortunas, el Impuesto a las Transferencias Financieras, el Impuesto al Juego y el de Promociones Empresariales se presentó como una estrategia para “destrabar” la economía, pero en la práctica significó un beneficio fiscal directo para los sectores de mayores ingresos y grandes capitales.
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El siguiente paso fue la aprobación del D.S. 5503, presentado como respuesta a una crisis económica “terminal”, trayendo a la memoria popular la frase de Víctor Paz, “Bolivia se nos muere”, cuando en 1985 aprueba el DS 21060 que implementa las reformas neoliberales. El decreto 5503 declara una Emergencia Económica, utilizando el marco legal de las “emergencias y desastres naturales” para habilitar al gobierno a aplicar medidas extraordinarias sin pasar por los controles constitucionales ni por la deliberación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta decisión no solo rompe el equilibrio institucional y la independencia de poderes, sino que también abre la puerta a un conjunto de políticas que reconfiguran el rol del Estado en favor del mercado.
Los 121 artículos del decreto contienen disposiciones que contradicen la Constitución y leyes vigentes, además de presentar inconsistencias formales y errores que generan confusión y debilitan su coherencia normativa. El contenido de fondo revela una orientación macroeconómica claramente neoliberal, diseñada para beneficiar a los sectores vinculados al gran capital nacional y transnacional, entregando los recursos naturales mediante decreto y por 15 años sin posibilidad de modificación de contratos o impuestos. Lo mismo pasó con el salitre en la Guerra del Pacífico.
Entre las medidas aprobadas destacan: endeudamiento externo por medio del Banco Central; creación de un régimen especial de protección de inversiones para proyectos nacionales y extranjeros que reduce costos y controles para grandes empresas; mecanismo de regularización y repatriación de capitales que opera como un blanqueo financiero; estricta racionalización del gasto público trasladando el ajuste a los trabajadores; incentivos tributarios para dinamizar la actividad empresarial; y elimina la subvención a carburantes, que en la práctica implican la reducción o eliminación de subvenciones y el consecuente aumento de los costos de transporte y servicios. En conjunto, estas disposiciones reorientan las prioridades del Estado hacia la estabilización macroeconómica y la atracción de capital, trasladando el peso del ajuste a familias, trabajadores y servicios públicos.
En el ámbito educativo, las medidas del DS 5503 reduciran la inversión pública destinada a la educación. La racionalización del gasto limitará la contratación de personal, restringirá el mantenimiento de infraestructura y frenará la adquisición de materiales pedagógicos y tecnológicos, ampliando brechas ya existentes y afectando con mayor fuerza a zonas rurales y periurbanas.
Si revisamos la historia de Bolivia, vemos que las políticas de mercado orientadas a favorecer a los sectores empresariales siempre han terminado trasladando sus costos al pueblo. En este escenario, la disminución de la inversión estatal prevista bajo el DS 5503 se traducirá en un aumento directo de los gastos educativos que deberán asumir los hogares. El encarecimiento del transporte, la inflación en alimentos y servicios, y la reducción de recursos municipales para programas escolares obligarán a las familias a cubrir necesidades que antes eran responsabilidad del Estado. Esto incrementará el riesgo de ausentismo y abandono escolar, desplazando el peso del financiamiento educativo hacia los hogares y debilitando aún más la capacidad del sistema público para garantizar la educación como un derecho universal y una obligación estatal.
(*) Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación
