El departamento de La Paz, que concentra el 30,9% de las unidades económicas formales del país —122.956 de un total de 398.131 a noviembre de 2025— y lidera la industria manufacturera nacional con 12.978 unidades, equivalentes al 31,6% del total, ve amenazada una posición construida gracias al esfuerzo de miles de emprendedores y empresas.
La Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) presentó el documento “Restricciones al Desarrollo Empresarial Paceño y Agenda de Soluciones ante la Crisis de Convulsión Social”, que plantea medidas para enfrentar la actual coyuntura.
Los empresarios identificamos cuatro indicadores que reflejan la magnitud de la crisis: pérdidas superiores a 500 millones de dólares en La Paz tras más de un mes de bloqueos; perjuicios nacionales mayores a 2.100 millones de dólares; el 30,9% del tejido empresarial del país en riesgo; y 300.000 empleos amenazados en la cadena turística paceña.
Las restricciones económicas y financieras han provocado pérdidas e iliquidez por la paralización de las ventas, inventarios inmovilizados y un creciente riesgo de mora. Esta situación puede derivar en estanflación, con el consecuente encarecimiento de insumos y del crédito.
Las restricciones logísticas, de transitabilidad y de comercio exterior han paralizado operaciones comerciales y alterado la programación logística nacional, con efectos que podrían extenderse más allá de los conflictos.
Las dificultades de abastecimiento han generado escasez de alimentos, combustibles, insumos industriales y medicamentos. El sector farmacéutico enfrenta una posible paralización y las cadenas agroproductivas están seriamente afectadas. La producción de los Yungas, el Altiplano y la región del lago Titicaca —café, cacao, quinua, fibras de camélidos, truchas y lácteas— no llega oportunamente a los mercados ni a las plantas de transformación.
En el ámbito social, unos 300.000 empleos están en riesgo. Algunos establecimientos turísticos reportan cancelaciones hoteleras de hasta el 90% y pérdidas acumuladas de Bs 1.150 millones, situación que podría impulsar el traslado de operaciones a otras regiones.
La competitividad del departamento también se deteriora, afectando uno de los activos más difíciles de recuperar: la confianza. Algunas empresas analizan trasladar sus operaciones a Cochabamba y Santa Cruz en busca de mejores condiciones.
La vulneración del derecho a la libre circulación y la falta de garantías para la actividad económica evidencian la necesidad de pasar del estado de emergencia provocado por los bloqueos a una etapa de recuperación.
La FEPLP propone tres fases de acción. La primera consiste en restablecer la libre circulación, suspender temporalmente sanciones tributarias, financieras, aduaneras y laborales, y registrar oficialmente los daños ocasionados. La segunda contempla un fondo de resarcimiento, la reprogramación de créditos y un programa de protección del empleo. La tercera plantea relanzar la marca territorial y el destino La Paz.
También es indispensable promover la permanencia y la inversión mediante estabilidad tributaria, facilidades para la importación de bienes de capital y mecanismos de protección a la inversión.
Más allá de la coyuntura, La Paz posee grandes oportunidades de crecimiento. Destacan el potencial hidrocarburífero del norte amazónico, la expansión agropecuaria, el fortalecimiento de una economía verde y el desarrollo de proyectos de energía eléctrica, eólica y solar. Asimismo, la consolidación de Patacamaya como puerto seco y centro logístico estratégico puede convertir al departamento en un articulador del comercio nacional e internacional.
No podemos continuar aislados por conflictos que afectan la producción, el comercio y el empleo. Cada día de bloqueo profundiza las pérdidas económicas, debilita empresas construidas durante décadas y desalienta nuevas inversiones. Proteger el tejido empresarial paceño y a las familias que dependen de él es indispensable para la recuperación económica y el desarrollo sostenible de La Paz y del país.
