Llegado el 23 de marzo de 2026, Día del Mar, resulta ineludible evocar un suceso ingrato que se ha consolidado como el mayor infortunio diplomático y legal de nuestra historia contemporánea. Lo que debió ser un camino sólido hacia la recuperación de nuestro acceso soberano al Océano Pacífico terminó siendo un espejismo que desmoronó los anhelos colectivos del pueblo boliviano. La estatura de una nación no se mide únicamente por los acuerdos que suscribe, sino por la sensatez de sus líderes al no hipotecar la soberanía nacional ante tribunales internacionales sin una estrategia técnica rigurosa.
El 1 de octubre de 2018, Bolivia no solo padeció un fallo desfavorable en La Haya; sufrió una bofetada de realismo jurídico que expuso una planificación diseñada para el proselitismo interno y la permanencia en el poder de Evo Morales, en lugar de la consecución de objetivos territoriales reales. A casi una década de aquel dictamen, es evidente que la demanda contra Chile fue un desastre cuya autoría intelectual y política pertenece a Morales y su círculo más cercano.
Fragilidad y una tesis mal planteada
En 2013, el gobierno de entonces decidió judicializar un conflicto de naturaleza estrictamente política. La premisa boliviana carecía de solidez: se pretendía que una sucesión de intercambios diplomáticos y diálogos inconclusos —como el proceso (abrazo) de Charaña en 1975— se hubieran transformado en una «obligación jurídica de negociar».
El equipo legal, encabezado por el agente Eduardo Rodríguez Veltzé y coordinado por Héctor Arce Zaconeta, intentó forzar conceptos del derecho internacional como el estoppel y la aquiescencia. Incurrieron en un descuido metodológico imperdonable: confundir la cortesía y la buena voluntad diplomática con una voluntad vinculante de obligarse contractualmente. Chile, mediante una defensa técnica y pragmática, sostuvo que sus acercamientos fueron siempre voluntarios, condicionales y subordinados al Tratado de 1904.
La CIJ, con una contundente mayoría de 12 votos contra 3, sentenció que Chile no tiene obligación alguna de negociar una salida soberana, recordándonos que el derecho internacional no se fundamenta en «expectativas razonables» carentes de sustento legal explícito.
La omisión del arbitraje técnico: soberbia sobre eficiencia
Uno de los aspectos más cuestionables fue la exclusión deliberada del artículo XII del Tratado de 1904. Mientras la propaganda oficial se centraba en una abstracción jurídica, se desechó la herramienta más eficaz: el arbitraje obligatorio para temas de interpretación y cumplimiento.
El Tratado de 1904 funciona, en esencia, como un contrato de servicios transfronterizos donde Chile garantiza el «más amplio y libre derecho de tránsito comercial». Cada vez que el puerto de Arica enfrentó privatizaciones o el ferrocarril sufrió interrupciones, Bolivia poseía el mecanismo legal para someter a Chile a un arbitraje con sentencias de ejecución inmediata. ¿Por qué se ignoró esta ruta? Por un cálculo político mezquino. Un arbitraje técnico produce mejoras logísticas palpables, pero carece del espectáculo mediático que requiere una narrativa de reivindicación histórica para fines electorales. Morales no buscaba eficiencia en los puertos; buscaba una fotografía que validara su prórroga indefinida en la presidencia.
Al apostar todo a la CIJ, el gobierno «congeló» sus reclamos operativos para no «debilitar» la demanda principal, otorgándole a Chile años de tranquilidad en sus puertos mientras Bolivia perseguía un fallo inalcanzable.
DIREMAR: el centro de propaganda
La Dirección de Reivindicación Marítima (DIREMAR), creada en 2011, se alejó de su propósito original de ser un centro de pensamiento estratégico para convertirse en un órgano de difusión ideológica. Bajo las gestiones de Rubén Saavedra, Juan Lanchipa y Emerson Calderón, la institución falló en su rol de filtro técnico. En lugar de alertar sobre las carencias de la tesis de «acumulación de actos», sustituyeron el análisis riguroso por el fervor de los «banderazos». Se instauró un monopolio de la información que marginó a expertos internacionalistas críticos, creando una burbuja alimentada por asesores extranjeros con honorarios estratosféricos. Recientemente, mediante el D. S. 5376 de 2025, se cerró DIREMAR bajo un manto de confidencialidad que impide conocer la verdad sobre el uso de los recursos y los informes de auditoría.
Es imperativo que el país conozca el costo real de esta aventura que resultó tan dañina para los intereses nacionales.
Los responsables de la derrota
La historia debe identificar a quienes lideraron este camino al precipicio:
Evo Morales Ayma: instrumentalizó el sentimiento marítimo para cohesionar su base política y justificar su cuarta candidatura, prometiendo un resultado imposible bajo las normas del derecho internacional.
Eduardo Rodríguez Veltzé: como agente, falló al no actuar como un contrapeso técnico, permitiendo que su lealtad política nublara su criterio jurídico.
Héctor Arce Zaconeta: promovió un enfoque confrontacional que aisló al país y consumió ingentes recursos públicos en una apuesta de «todo o nada» que terminó en la nada absoluta.
Asesores internacionales: profesionales como Baltazar Garzón y Antonio Remiro Brotóns, entre otros, percibieron cifras millonarias por defender una posición jurídicamente débil. Ese dinero no compró soberanía; compró una validación internacional del Tratado de 1904 que hoy favorece a Chile más que nunca.
Consecuencias estructurales y el «candado» de la CIJ
El perjuicio es profundo. Antes de 2013, la causa marítima era reconocida globalmente como un tema pendiente. Tras el fallo, Chile obtuvo lo que persiguió por un siglo: una certificación de la máxima instancia judicial del mundo declarando que no tiene deudas pendientes con Bolivia. El principio de res judicata (cosa juzgada) le otorga ahora a Chile la llave para clausurar cualquier intento futuro de diálogo. Además del daño jurídico, el despilfarro económico en logística y propaganda erosionó la credibilidad del Estado boliviano.
Bolivia debe entender que la soberanía por imposición judicial es, hoy por hoy, una imposibilidad. Debemos mirar hacia el futuro enfocándonos en corredores logísticos, infraestructura y el uso inteligente del artículo XII para litigar incumplimientos específicos de libre tránsito.
La política exterior debe ser devuelta a los diplomáticos de carrera y alejarse de los operadores políticos. El retorno al mar no vendrá de discursos incendiarios, sino de una diplomacia técnica, honesta y fundamentada en la realidad.
