Las elecciones subnacionales de hace una semana terminan de reacomodar el sistema político en Bolivia, en un país que ya se muestra distinto al que hemos estado acostumbrados durante las últimas décadas. El cambio más notorio tiene que ver con que el gobierno nacional ya no controla los entes gubernativos subnacionales; los resultados electorales de marzo configuran un sistema político fragmentado en el que no existe un actor predominante. Esta nueva configuración abre desafíos y oportunidades importantes para el país.
Dispersión y renovación
El sistema político en Bolivia cuenta ahora con un gran número de partidos políticos y asociaciones ciudadanas, la mayor parte de alcance local, con representación en los legislativos departamentales y municipales. La dispersión del voto se muestra como la regla que define una composición plural y diversa en los entes legislativos. Como resultado, la mayoría de los ejecutivos electos tendrán que enfrentar condiciones de gobernabilidad complejas en concejos y asambleas en las que no tienen mayoría. Esto implica ejercer la política en su sentido más puro: negociar con distintas fuerzas políticas para lograr el apoyo suficiente a las medidas que busquen implementar en el marco de su ejercicio gubernativo. La capacidad de negociación política de las nuevas autoridades será fundamental para el éxito de sus gestiones.
Dos excepciones destacan en este escenario de fragmentación política en el país. Una, muy clara, en la Alcaldía de Santa Cruz, donde la victoria aplastante de «Mamén» Saavedra se traduce en control total del concejo. Saavedra es un político nuevo, surgido del TikTok, donde exponía a funcionarios corruptos ante una gran cantidad de seguidores. El otro caso es el de Manfred Reyes en la Alcaldía de Cochabamba quien, en cambio, es un político «viejo», con cuatro gestiones previas como alcalde a sus espaldas, la primera ya en 1993. Si bien tener el control del órgano legislador y fiscalizador es ideal para cualquier ejecutivo, también tiene riesgos importantes de autoritarismo y corrupción en la gestión pública, al diluirse los mecanismos de control horizontal.
Además de la dispersión del voto y la fragmentación del sistema político, las elecciones subnacionales traen una fuerte dosis de renovación. Con la ausencia de los partidos políticos tradicionales, ya sea porque desaparecieron, no se presentaron a las elecciones, o porque participaron detrás de alianzas electorales, los frentes son en su mayoría «nuevos»; y si miramos a los candidatos, pese a un puñado de caras conocidas, se mantiene una refrescante sensación de renovación. Las campañas se han enfocado en problemáticas concretas de los ciudadanos, antes que en narrativas ideológicas de mayor alcance o en identidades políticas partidarias.
Nuevamente, Cochabamba aparece como una excepción a esta tendencia en Bolivia, donde la disputa entre dos actores políticos que han estado activos durante las últimas cuatro décadas sigue siendo central. Manfred Reyes en la Alcaldía de Cochabamba y el evismo, con Leonardo Loza en la gobernación del departamento, son una muestra de cómo la «vieja» disputa masismo-antimasismo puede seguir vigente, al menos a nivel local, reproduciendo una lógica polarizante que beneficia principalmente a los dos liderazgos. El caso de Loza es especialmente interesante, en tanto llega a la gobernación apoyado por Evo Morales, al que hasta ahora le ha mostrado lealtad incondicional; el futuro político de Loza depende de una gestión exitosa, para lo cual parece inevitable que tenga que enfrentar eventualmente los intereses de su mentor y padrino. Veremos.
Crisis y negociación política
Además de un escenario político nuevo y complejo, los flamantes alcaldes y gobernadores descubrirán que han llegado a donde están atraídos por dos quimeras: el recuerdo de la bonanza económica que alimentó en su momento los presupuestos, y la ilusión generada por la promesa electoral del 50-50. La mentada bonanza estuvo basada en la renta generada por la exportación de un gas natural que ya no existe, y que ante la falta de previsión no ha encontrado reemplazo en ningún otro recurso natural ni en otras actividades económicas.
El 50-50, por su parte, es una audaz promesa electoral del presidente Paz que, más allá del entusiasmo que pueda generar, requiere para su implementación de una planificación que redistribuya no solamente el poco dinero, sino también las responsabilidades de bienestar y desarrollo de la gente en el país y sus regiones. La implementación del 50-50 requiere de la construcción de un nuevo modelo de autonomías para el país, el cual debe resultar de un proceso de diálogo honesto y realista, enfocado en las necesidades de la gente y en sus potencialidades de desarrollo, no en los intereses inmediatos de los actores políticos y los grupos de poder que los sostienen. La radicalidad con la que reaccionaron algunos candidatos a declaraciones de la exviceministra de Autonomías en este sentido solamente oscurece y dificulta la construcción de este nuevo modelo de autonomías.
En síntesis, los nuevos gobernantes subnacionales tendrán que ser capaces de administrar la pobreza de los presupuestos públicos en un juego delicado de poder con otros actores encandilados por la promesa del 50-50, mientras los ciudadanos esperan la atención de sus necesidades bajo un esquema de intermediación casi totalmente desideologizado y despartidizado. El gobierno nacional deja de ser un actor relevante en las dinámicas subnacionales, y debe empezar a mostrar de una vez una capacidad de gobernar más solvente, atendiendo los asuntos del nivel central.
Desafíos institucionales en Bolivia
Las condiciones institucionales en las cuales se desarrollaron las elecciones merecen mención aparte. Si bien el Órgano Electoral ha podido llevar adelante el proceso eleccionario de manera exitosa, existen problemas importantes que deben ser resueltos con urgencia para garantizar la legitimidad de los resultados electorales a futuro. Uno de estos problemas es, sin duda, la excesiva flexibilidad en la definición y modificación de listas de candidatos en plazos que se extienden hasta pocos días antes de la elección; es ciertamente problemático que no exista una lista definitiva de candidatos hasta un par de días antes de la elección, y que la posibilidad de la inhabilitación se mantenga hasta entonces.
No es menos importante la falta de transparencia con la que se manejan las habilitaciones y el tratamiento de las impugnaciones a las candidaturas. Los temas como la cantidad de reelecciones posibles o el tiempo de residencia previa en la circunscripción electoral no son resueltos con la claridad y transmitiendo las señales de ecuanimidad que necesita la gente para confiar plenamente en el proceso.
La escasa información que recibe el ciudadano en Bolivia es otro problema que repercute de manera negativa en el ejercicio democrático y sus resultados. La difusión de información sobre listas de candidatos a los concejos y asambleas fue muy limitada; pero más allá de no saber por quién estaban votando, fueron pocos los votantes que estaban preparados para emitir su voto en las distintas franjas de las papeletas electorales. Si a esto le sumamos las deficiencias en la cultura política democrática de la gente, se genera una combinación de factores que resulta inicialmente en desconfianza y luego en desconocimiento y rechazo de los procesos democráticos.
