Bolivia cerró su ciclo electoral 2025-2026 como lo había abierto: entre sobresaltos políticos y en medio de una crisis ecoómica. Candidaturas bajadas a días de los comicios, una segunda vuelta en La Paz que estuvo en duda hasta la última semana, el Tribunal Constitucional Plurinacional operando sobre la cancha electoral y fallos judiciales dejando a unos y otros en ascuas. No es lo único, también hay partidos que improvisan y desorientan a la población. En medio, un Tribunal Supremo Electoral presionado desde diversos flancos e incluso internamente.
El resultado es un sistema político que no termina de darse y dar certezas, bogando sobre una economía que tiene poco margen para el error.
Para entender qué pasó y qué viene, Animal Político, de La Razón, conversó con dos de las analistas más agudas del campo político boliviano. Luciana Jáuregui, socióloga con maestría en ciencia política, y María Teresa Zegada, socióloga y doctora en procesos sociales y políticos, nos acompañan en esta ocasión. Ambas son estudiosas del sistema de partidos y a la institucionalidad boliviana.
Elecciones con sobresaltos
Jáuregui propone una distinción conceptual desde el vamos. Lo que Bolivia vivió durante el gobierno de Evo Morales fue una desinstitucionalización producida por exceso de poder. «Era un presidencialismo que controlaba tanto la Asamblea Legislativa como tenía capacidad de influencia en los otros órganos del Estado. Por ese rasgo mayoritario podía vulnerar las decisiones que habían emanado, por ejemplo, del voto». Lo que vivimos ahora es distinto en su origen, aunque semejante en sus efectos. «Hemos llegado a un proceso de desinstitucionalización caracterizado por un presidencialismo minoritario. Es un presidencialismo que no ha logrado sostenerse en amplias mayorías de voto ni consolidar una mayoría cohesionada en el Legislativo. Frente a esa debilidad estructural se recurre a los otros poderes del Estado para definir la competencia política”, explica.
El mecanismo es la judicialización, porque «las relaciones de fuerza y las disputas no se dirimen en la competencia sino en los tribunales”. Sus efectos fueron visibles en al menos seis casos resonantes de este ciclo. La habilitación o inhabilitación de siglas y candidatos moldeó el juego antes de que los votantes pudieran pronunciarse. El ejemplo más elocuente es la asimetría entre dos casos análogos. «Mario Cossío fue fue inhabilitado en Tarija, mientras que dentro del mismo fenómeno se habilitó a Luis Revilla en La Paz. Lo que se tiene es un uso discrecional y arbitrario de las reglas de juego, que se va moldeando de acuerdo a las coyunturas y a los escenarios, con la idea de ganar la disputa antes de entrar en la competencia”.
Proceso
Zegada aporta una perspectiva de proceso: este ciclo reveló una arquitectura legal que llevaba años acumulando fragilidades. «Se dispararon todos los candados que se habían colocado y que no se visibilizaban anteriormente», dice. Las leyes, tanto la electoral y la de organizaciones políticas, pensadas para un modelo de partido dominante, «empiezan a revelar sus fisuras frente a una realidad que buscaba una representación más plural”, señala.
El Órgano Electoral Plurinacional, lejos de poder arbitrar con autoridad, quedó atrapado en su propia precariedad. «No se trata solo de su voluntad, sino que no puede ir más allá de unas leyes que ya no sintonizan con el presente. Que son asincrónicas para la realidad política actual”, agrega.
¿Cómo llegamos a esto?
Ninguna de las dos analistas ubica el origen de la crisis en este gobierno. El proceso viene de antes, y tiene una lógica histórica.
«Esto viene del escenario de la habilitación de Evo Morales en 2016», dice Jáuregui. Zegada precisa la mecánica que lo hizo posible. Estando en el poder, el MAS fue capturando progresivamente los órganos del Estado. «Había un control prácticamente político del Órgano Electoral y también del Órgano Judicial”, observa. En ese marco, el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 sorprendió al propio partido de gobierno precisamente porque «había efectos que se le escapaban al virtual control que pretendía tener sobre todas las variables institucionales”.
Lo que vino después fue, según Zegada, una suerte de contagio de la lógica. «En lugar de que la institucionalidad ordene el juego político, eran los actores políticos los que arbitrariamente definían la institucionalidad a su antojo y conveniencia”, puntualiza. Y esa lógica, una vez instalada, no se fue con el MAS.
Un desafío pendiente
«Cuando hemos llegado a este momento de desgaste del MAS y de discursos de recuperación de la institucionalidad, esto no se está logrando», dice. Lo que se ve, en cambio, es que «hay actores políticos que controlan la institucionalidad de manera subterránea. Están al mando o influyen en lugares críticos: juzgados, salas plenas, incluso probablemente dentro del propio Órgano Electoral. Pueden confabularse de alguna manera contra esta intención de recuperar la institucionalidad”.
Jáuregui añade la característica estructural del problema: la arquitectura constitucional de 2009 fue diseñada para relaciones de fuerza que ya no existen. «Esa configuración institucional respondía a determinadas relaciones de fuerza: un partido mayoritario que lograba estructurar la dinámica del Estado y de todos los poderes en su lógica. Pero cuando cambian las relaciones de fuerza, las reglas de juego ya no responden a esa configuración”. La consecuencia es un aumento permanente de la discrecionalidad. «Mientras menos se respeten las reglas de juego, más discrecional es el poder”, anota.
Consecuencias políticas
Elecciones cuestionadas no producen solo autoridades débiles. Producen un cambio en la lógica de la competencia política.
Jáuregui identifica la cadena. Cuando las reglas se aplican discrecionalmente, «se erosiona la previsibilidad de la competencia: los actores en juego ya no pueden definir cuáles son las reglas y, por tanto, ya no tienen reglas confiables”. A eso se suma que «se erosiona la confianza en los resultados, porque si de antemano las reglas de juego están distorsionadas y aplicadas discrecionalmente, los resultados ya conllevan algún tipo de parcialidad”. El efecto político es que las fuerzas que no confían en el proceso buscan otros canales. «Si ya no funciona el mecanismo democrático, lo que se hace es buscar otro tipo de vías, otros canales de disputa extrainstitucionales”. Lo que ocurrió en La Paz en el marco de la segunda vuelta no es un episodio aislado: es la expresión de esa lógica.
El resultado es «casi un círculo vicioso. Hay un proceso de desinstitucionalización que produce más descrédito, más ilegitimidad, y en el fondo todo el juego democrático electoral termina viciado”, asevera.
Riesgos de una crisis múltiple
El peligro mayor no es político en sentido estricto: es la confluencia de crisis.
«La crisis institucional está muy implicada con la crisis económica», advierte Jáuregui. «Si tienes una institucionalidad sin capacidad de procesamiento y tampoco con legitimidad, eso agrava las respuestas a la crisis económica. Aumentan las demandas, pero no hay capacidad de respuesta. Y ahí es cuando se generan las crisis múltiples o las crisis ya verdaderamente orgánicas”.
Zegada coincide y agrega una dimensión de gobernabilidad concreta. “Hay un gobierno nacional con muy poca presencia en el país para fomentar acuerdos y hacer más sostenibles sus políticas”, advierte. En ese escenario, «ante tanta dispersión, en lo regional pero también en lo social y en lo político, solo queda como recurso generar consensos y acuerdos mínimos que permitan avanzar”. Pero esos acuerdos tampoco se ven. Desde su mirada, «el gobierno parece tomar decisiones sin siquiera hacer las consultas necesarias con sus legisladores o con actores involucrados en las problemáticas de la sociedad. Así, estamos avanzando sobre el vacío”.
Democracia sustantiva
Jáuregui añade que la democracia boliviana no está en crisis solo en términos procedimentales, sino en su dimensión sustantiva. «Progresivamente estamos viendo que se está volviendo una competencia intraélite”. La inhabilitación de siglas y candidatos populares no es un dato técnico. «Hay sectores que quedan por fuera de los espacios de poder y de representación. Eso hace que estos sectores pierdan credibilidad en el sistema democrático, ya no solo en torno a reglas, sino en su capacidad de responder a sus necesidades sociales”. El desenlace posible de esa pérdida de fe es conocido. «Es justo en ese escenario donde abonan los respaldos a autoritarismos”, sentencia.
Ambas analistas señalan que la salida existe, pero requiere algo que por ahora no aparece en el horizonte: voluntad política colectiva para acordar nuevas reglas. «No es solo un reordenamiento de normas, eso se puede hacer técnicamente», dice Zegada. «El problema es político”.
Jáuregui cierra con una advertencia que no deja margen a la complacencia. «Si no se produce ese proceso de reinstitucionalización y se gobierna a través de la instrumentalización de los poderes, esto puede producir sostenibilidad inmediata, pero no legitimidad. Y en su momento se puede revertir, así como sucedió con el MAS”.
Un nuevo ciclo sin centro político
Desde la Revolución Nacional de 1952, Bolivia viene de una larga tradición de sistemas políticos organizados en torno a un referente fuerte. Esa tradición acaba de terminar, y nadie sabe todavía qué viene después.
El MNR ordenó el campo político boliviano durante décadas en torno a una pregunta simple: ¿estás con el movimiento o contra él? La democracia pactada que arrancó en 1985 replicó esa lógica ampliándola a la tríada de MNR, ADN y MIR. Esta estructuró la competencia durante veinte años. El MAS, desde 2006, hizo lo propio. «De alguna manera, la presencia del MAS inhibía la participación de los opositores o los recluía a un lugar marginal, a posiciones prácticamente intrascendentes o a las regiones», precisa María Teresa Zegada. Tres ciclos distintos, una misma arquitectura: un centro gravitacional que organiza la disputa política, aunque sea por oposición.
Ese modelo ya no existe. Y su ausencia no es un detalle de coyuntura.
¿Dónde estamos?
Luciana Jáuregui propone un concepto preciso para describir el momento: indeterminación estructural. «Ciertas estructuras que organizaban el campo político han perdido capacidad de fijar reglas de juego, posiciones e identidades. Pero todavía no se ha estructurado una nueva lógica de funcionamiento”. Lo que queda es «un conjunto disperso de actores y de fuerzas en un orden común, sin un patrón relativamente estable de competencia. No hay polos que estructuren, que agreguen intereses, que generen identidades, ni siquiera que sean reconocibles para el propio votante”.
Los números de las elecciones subnacionales ilustran esa dispersión con dureza. El gobierno, que se presenta como la fuerza ordenadora del nuevo ciclo, ganó 36 municipios de más de 330 en competencia. El MAS —o lo más cercano a él bajo la sigla Alianza Unidos por el Pueblo (AUPP) obtuvo una docena. «La competencia ni siquiera se ha estructurado en términos de oficialismo-oposición», observa Jáuregui. Zegada va en la misma dirección y señala que «los grupos de poder están divididos, no solamente entre regiones sino también al interior de ellas”.
Cuatro rasgos definen este momento, según Jáuregui. Primero, un desacople entre lo nacional y lo subnacional, sin una fuerza hegemónica que opere en todos los niveles. «Cada territorio con su lógica, con una autonomía relativa respecto a lo nacional”, indica. Segundo, una fragmentación extrema de la oferta: hasta 17 candidaturas en algunas contiendas, y entre cuatro y cinco partidos competitivos donde antes había dos. Tercero, una segmentación del electorado que impide la transversalidad. «Cada candidato responde a nichos muy específicos, ya sean sectoriales, personales. No hay fuerzas transversales”. Cuarto, una desideologización relativa que Jáuregui llama «giro pragmático»: fuerzas políticas que «no ofrecen ningún horizonte claro de sentido, ningún tipo de proyecto ni programa mínimo. Se mueven en una coordenada de pragmatismo coyuntural, guiadas simplemente por la racionalidad instrumental, por lo que sirve en este momento”.
Porvenir
La pregunta que ambas analistas dejan abierta es si esta fragmentación es una característica de transición o si se está volviendo el rasgo permanente del sistema. Jáuregui menciona el caso peruano como advertencia: un país donde la desestructuración del campo político «ha dejado de ser un rasgo atípico para convertirse en uno permanente”.
Zegada añade que los actores sociales tampoco ofrecen por ahora una salida articulada. «Trabajadores en salud con los suyos, indígenas marchando con los suyos, los transportistas con los suyos, la COB también por su lado. No se ve una cohesión ni una visión desde la sociedad sobre hacia dónde van las luchas sociales”, sostiene.
En ese vacío, el desafío inmediato no es ideológico sino mínimamente institucional. «Para este primer paso —para no terminar de desmoronarnos como país—, se esperaría al menos instalar un acuerdo mínimo social para dar algunos pasos hacia la reinstitucionalización, hacia establecer ciertos parámetros más claros para el orden del campo político», dice Zegada. Pero ese acuerdo requiere actores con voluntad y con fuerza suficiente para sostenerlo, y ninguno de los dos aparece con claridad en el horizonte.
Jáuregui cierra con una pregunta que el tiempo tendrá que responder. «¿Es este un rasgo exclusivo de la transición, o va a ser el rasgo estructural del campo político?» La respuesta importa, porque de ella depende si Bolivia atraviesa un interregno difícil pero acotado, o si está entrando en una era de inestabilidad sin centro, como la que ya conocen otros países de la región.
