La desburocratización real exige una plataforma digital que integre no solo al nivel nacional, sino también a los gobiernos autónomos, como la clave esencial para dinamizar la economía y abatir la informalidad.
Bolivia es un país de emprendedores innatos. La creatividad, la resiliencia y la capacidad de trabajo del boliviano son innegables. Sin embargo, existe una desconexión profunda entre el impulso vital de generar riqueza y la infraestructura estatal diseñada para formalizar ese impulso. Hoy en día, crear una empresa formal en Bolivia sigue siendo, para muchos, una carrera de obstáculos desalentadora, costosa y, sobre todo, lenta.
Si el objetivo nacional es dinamizar la economía y reducir las enormes tasas de informalidad que caracterizan a nuestro mercado laboral, es imperativo que el Estado asuma un rol de facilitador agresivo, transformando radicalmente su relación con el ciudadano que desea invertir. La clave de esta transformación tiene un nombre: desburocratización total a través de una Plataforma Digital Integrada de Creación de Empresas.
Actualmente, el emprendedor boliviano que decide optar por la legalidad se enfrenta a un “vía crucis” institucional fragmentado. Aunque se han dado pasos con entidades nacionales como el Registro de Comercio, la realidad práctica es que el usuario debe navegar entre diferentes niveles de gobierno que no se comunican entre sí.
El ciudadano debe peregrinar por instancias inconexas del nivel central (Seprec Impuestos Nacionales, Ministerio de Trabajo, AFP, Cajas de Salud) y, crucialmente, enfrentarse a la burocracia local de los gobiernos autónomos municipales para obtener licencias de funcionamiento. Cada una de estas islas burocráticas exige sus propios requisitos, a menudo duplicando la solicitud de información que el Estado, en alguno de sus niveles, ya posee.
Esta dispersión no es inocua. Para una pyme, donde el capital inicial es limitado, cada día perdido en un trámite municipal o nacional es un día sin facturar. Esta barrera de entrada es el primer y más potente incentivo hacia la economía informal.
La solución no pasa por “mejorar” cada trámite por separado, sino por unificar la experiencia del usuario en un Portal Único Centralizado.
El éxito de esta iniciativa radica en que no sea solo un esfuerzo del gobierno central. Para que funcione en la práctica, esta plataforma debe integrar obligatoriamente a los gobiernos autónomos municipales. El sistema debe ser capaz de disparar simultáneamente el registro de comercio nacional y el trámite de la licencia de funcionamiento municipal en la jurisdicción correspondiente, respetando las competencias autonómicas pero estandarizando el proceso digital de entrada.
Se trata de un sistema basado en la interoperabilidad total. Los sistemas del SIN, Seprec, municipios y seguridad social deben estar conectados y “hablar” entre sí automáticamente, sin que el usuario tenga que ser el mensajero de sus propios papeles entre oficinas públicas de distintos niveles de gobierno.
A partir de esta iniciativa, los efectos serán inmediatos en la economía nacional y se reducirán drásticamente los espacios de corrupción.
Lograr esto no es un desafío meramente tecnológico; la tecnología ya existe. Es, fundamentalmente, un desafío de voluntad política y liderazgo de alto nivel.
Se requiere un “pacto para la desburocratización” en el que el gobierno central y los gobiernos autónomos municipales establezcan mecanismos de cooperación para eliminar las barreras institucionales. Es imperativo articular un esfuerzo coordinado en beneficio de la economía nacional. Bolivia necesita urgentemente superar la fragmentación de su estructura estatal, la cual actúa como un obstáculo significativo para el desarrollo empresarial. La reforma estructural más prioritaria para liberar el potencial económico del país es la unificación de los procesos en una única plataforma digital.
Daniela Larrazábal Vélez
es socia de Estrategias Corporativas Legales
