La reciente escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela a menudo se enmarca en términos estrictamente tácticos: la confiscación de un petrolero venezolano, nuevas sanciones dirigidas al círculo íntimo del presidente venezolano Nicolás Maduro y un intercambio diplomático publicitado con Moscú.
Individualmente, estos desarrollos parecen episódicos. En conjunto, señalan la decadencia de un modelo coercitivo que ya no funciona, que está mutando hacia formas de presión más abiertamente securitizadas y legalmente precarias.
Las sanciones como doctrina
Durante décadas, Estados Unidos utilizó las sanciones como una herramienta preferida: un arma económica diseñada para forzar el cumplimiento político sin intervención militar.
Por su parte, el Estado venezolano se adaptó. Las exportaciones de petróleo se desviaron a mercados alternativos, los canales de pago se alejaron de los sistemas financieros dominados por Estados Unidos y se profundizaron las alianzas estratégicas con Rusia, Irán y China. Lo que se pretendía como una asfixia económica se convirtió en un catalizador para la diversificación y el realineamiento geopolítico, fuera del alcance de Washington.
La reciente incautación de un petrolero debe entenderse en este contexto. Cuando las sanciones no logran los resultados políticos deseados, la presión no desaparece, sino que se transforma. La coerción económica da paso a medidas que difuminan cada vez más la línea entre la presión financiera y las acciones abiertamente securitizadas. Las incautaciones de activos, las sanciones secundarias y las medidas legales públicas se presentan a menudo como medidas coercitivas, pero indican una disminución de la influencia en lugar de una confianza estratégica.
La vacilación de Europa
Esta mutación no se limita a la política estadounidense hacia los estados sancionados en el Sur Global; es cada vez más visible en el núcleo del propio sistema financiero occidental.
Ese mismo patrón de fatiga coercitiva se refleja en Europa. La UE, a pesar de haber inmovilizado más de 300 000 millones de dólares en activos del banco central ruso desde la guerra de Ucrania, no ha logrado pasar de la congelación a la confiscación total. La vacilación no es cuestión de voluntad, sino de miedo estructural.
Una incautación total sentaría un precedente que socavaría las bases jurídicas de los sistemas financieros occidentales, generando temores de fuga de capitales, represalias recíprocas y erosión de la confianza en las jurisdicciones europeas como custodios neutrales de la riqueza global.
En cambio, expone los límites de un sistema que depende de la legitimidad legal para ejercer el poder. La incapacidad de pasar de la congelación a la incautación refleja una crisis más profunda: el régimen de sanciones puede inmovilizar activos, pero no puede convertir con seguridad la presión económica en una solución estratégica sin desestabilizar el mismo orden que fue diseñado para proteger.
Como señala el economista Francisco Rodríguez, quien ha estudiado extensamente la eficacia de las sanciones: «Si las sanciones fracasan, como la evidencia empírica indica que sucede la mayoría de las veces, no alcanzan los fines previstos». Venezuela, en este sentido, no es una excepción, sino un ejemplo particularmente claro.
La diferencia ahora es que Washington está operando en un entorno internacional donde la escalada conlleva un mayor riesgo sistémico y con menos mecanismos que garanticen el mantenimiento de la influencia.
Instituciones bajo presión
A medida que las sanciones estatales se estancan, la red coercitiva se amplía para atrapar a las instituciones. La Corte Penal Internacional (CPI) se convirtió en un objetivo tras iniciar investigaciones que podrían implicar a personal estadounidense o aliado en crímenes de guerra. A principios de este año, Washington impuso sanciones a funcionarios de la CPI, incluido el juez francés Nicolas Guillou, quien describió el resultado como «una práctica lista negra para gran parte del sistema bancario mundial».
Pero estas tácticas están perdiendo fuerza. Un bloque creciente de países del Sur Global ahora se une a instituciones específicas, ofreciendo soluciones financieras alternativas y solidaridad política. El régimen de sanciones se enfrenta no solo a rendimientos decrecientes, sino también a una oposición activa.
Supresión de la libertad de expresión
A medida que la coerción económica pierde fuerza, el impulso de reprimir la disidencia ha penetrado en el ámbito digital. La lógica de las sanciones se extiende ahora a los ecosistemas de información: suspensiones de cuentas, desmantelamiento de plataformas y políticas de moderación opacas se están implementando contra analistas, académicos y comentaristas críticos con el militarismo alineado con Estados Unidos, especialmente en contextos como el genocidio en Gaza.
Estas no son sanciones formales, pero funcionan de forma similar. Su objetivo no es persuadir, sino excluir, limitando el acceso a públicos, recursos y redes profesionales.
Pero, al igual que ocurre con la represión financiera, estos métodos están generando contracorrientes. Así como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) resurgieron de las ruinas de las sanciones, las plataformas descentralizadas y los medios alternativos están surgiendo para desafiar el monopolio occidental del discurso digital.
Cuando el poder se basa en el silenciamiento en lugar de la interacción, no es señal de fuerza, sino de restricción. El intento de suprimir las voces disidentes refleja el agotamiento generalizado de la autoridad coercitiva en un mundo que ya no se organiza en torno a un único centro hegemónico.
El eje de la contracoerción
El costo humano de las sanciones también ha sido documentado repetidamente por observadores internacionales. En una visita oficial a Venezuela, el relator especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales concluyó que las sanciones sectoriales y la congelación de activos tuvieron un impacto devastador en toda la población, agravando el colapso económico y socavando el acceso a los servicios básicos.
Esta evaluación no es exclusiva de Venezuela. Capta la contradicción central del orden de sanciones: un enorme sufrimiento humano sin la correspondiente transformación política. Las sanciones no solo imponen costos a las élites, sino que repercuten en las sociedades, intensificando las dificultades sociales sin garantizar su cumplimiento.
Para gran parte del Sur Global, esta realidad no es abstracta ni nueva. Décadas de exposición a la coerción económica han generado adaptación en lugar de sumisión. La soberanía financiera, la diversificación energética y el no alineamiento estratégico se han convertido en necesidades, no en opciones ideológicas. Los Estados que antes dependían de los sistemas occidentales han cultivado cada vez más alternativas mediante alianzas regionales y redes económicas no occidentales.
Venezuela refleja hoy este cambio más amplio. En lugar del aislamiento, ha buscado una integración alternativa. En lugar del colapso político, ha fortalecido las alianzas estratégicas con quienes comparten experiencias similares de coerción. El resultado no es la fragmentación, sino la consolidación fuera de los marcos occidentales.
La respuesta de Washington a estos acontecimientos ha sido intensificar la presión, incluso a medida que disminuyen los retornos. Pero la coerción sin legitimidad es difícil de sostener. Cada nueva ronda de sanciones expone límites estructurales en lugar de reforzar la autoridad.
El colapso del orden de sanciones no será lineal. Será desigual y controvertido. Pero su dirección es clara. Los instrumentos diseñados para una era unipolar ya no funcionan en un mundo multipolar, donde los Estados afectados comparten redes de apoyo, distribuyen el riesgo y construyen autonomía.
Lo que se está desarrollando allí no es una disputa localizada, sino parte de una transición más amplia que se aleja de la coerción económica como principio organizador del poder global. Lo que antes era una estrategia se ha convertido en teatro, y el telón ya empieza a caer.
